Represores: el calor del hogar no merecido

Ya son más de 50 los militares beneficiados con prisión domiciliaria desde la asunción del gobierno de Cambiemos. Entre explicaciones que no alcanzan, parece ser realidad el fin del “curro de los Derechos Humanos” que tanto prometió el Presidente en campaña.

De los cambios efectuados en distintas esferas estatales a partir de la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015, no escapa la política de Derechos Humanos. Distintos juzgados federales han concedido la prisión domiciliaria a militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina.

Desde el Ministerio de Justicia, afirman que la decisión no es automática sino que depende del criterio de cada juez, y que aplica a presos mayores de 70 años con problemas de salud.

Además, el Ministerio de Defensa encabezado por Julio Martínez habilitó a los condenados por este tipo de delitos a ser atendidos nuevamente en Hospitales Militares. La medida dejó sin efecto la prohibición que había establecido su antecesor, Agustín Rossi, luego de la fuga de dos condenados (Gustavo De Marchi y Jorge Olivera) en 2013.

Escudados tras el objetivo de “cumplir la ley”, desde el gobierno aseguran que los juicios continuarán y que no habrá impunidad.

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El CELS afirma que, si bien durante los gobiernos kirchneristas también se concedió este tipo de beneficios a muchos genocidas, en la actualidad la cifra representa al 41% de los condenados. Miembros de Cambiemos aseguran que la única diferencia con el gobierno anterior es que ellos no van a apelar las decisiones de los jueces ni a presionarlos para evitar que tomen este tipo de decisiones.

A la ola de prisiones domiciliarias, se le suma la denuncia de organismos de Derechos Humanos sobre el funcionamiento de lo que llaman una “cárcel VIP” en la Unidad 34 de Campo de Mayo, que no cumple con las condiciones elementales de seguridad. Allí se encuentran alojados más de 54 represores en un predio sin doble estructura de valla y con escaso personal penitenciario.

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Entre el discurso que pretende reavivar la teoría de los dos demonios y que minimiza el número de desaparecidos, los editoriales del diario La Nación que piden amnistía para torturadores y genocidas, y el intento de hacer movible el feriado del 24 de marzo, el gobierno nacional muestra señales más que preocupantes con respecto a su política de Derechos Humanos. Parece ser que la Memoria, la Verdad y la Justicia no están en su agenda.

 


Fuentes consultadas:

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