Todo palo es político

El macrismo viene decidido a aplicar la fuerza represiva del Estado como respuesta a la protesta social, tal como se pudo constatar el pasado domingo mientras los docentes armaban la Escuela Itinerante frente al Congreso. La violencia institucional no nació a fines del 2015, pero hay algo novedoso en el ejercicio espectacularizado de la fuerza: la violencia como puesta en escena de una estrategia comunicacional, en víspera de las elecciones 2017.

La consultora Tendencias Económicas contabilizó 110 mil despidos en los primeros dos meses del 2016, cifra récord desde 1985. A este dato, se suma la baja del valor real de los salarios: el Indec calculó una pérdida en el poder adquisitivo del trabajador promedio de entre 8 y 10 puntos respecto de la inflación, estimada en un 40% según el IPC que difunde el Congreso. El Presupuesto 2017 previó recortes en las áreas de Salud, Cultura, Educación y Derechos Humanos, a la vez que incrementó en un 34% el pago de los intereses de la deuda pública con respecto al año pasado.

Las medidas del Ejecutivo no favorecen al sector mayoritario de la sociedad. Marzo fue un mes álgido, signado por una seguidilla de protestas masivas y terminó de afirmar, después de más de un año de gobierno, que las disputas políticas y las negociaciones hoy sólo pueden zanjarse con capacidad de movilización y demostración de fuerza en la calle.

Sin embargo, el macrismo respondió con la represión como método de disciplinamiento. La violencia de las fuerzas de seguridad en el Paro Internacional de las Mujeres y durante la huelga general del 6 de abril se sumó a las imágenes de camiones hidrantes apuntados hacia los trabajadores de Cresta Roja a fines del 2015 y al episodio vivido por los despedidos estatales de La Plata a principio del 2016. Inclusive, luego se reprimió a los trabajadores del Ingenio Ledesma. No son datos menores la existencia amenazante del Protocolo Antipiquetes y el marco persecutorio creado por el encarcelamiento de Milagro Sala y la detención cada vez más frecuente de militantes.

Cada avanzada de los uniformados se dio en coyunturas diferentes, con su propio trasfondo y finalidad. No son iguales las necesidades de un gobierno recién asumido que a meses de las elecciones de medio término. Así, se puede ubicar un común denominador en las últimas situaciones de represión: la presencia de las cámaras y los reflectores. Todos podíamos ver lo que estaba sucediendo en tiempo real, todos pudimos tomar conocimiento y no hubo intención alguna de taparlo. Pareciera tratarse de la construcción de un mensaje unívoco: “Vamos a realizar los sacrificios necesarios para llegar al sueño del país del primer mundo”.

Al mismo tiempo, la represión que sí permanece en las penumbras, la que es cotidiana en los barrios más pobres, crece. Dos casos que sí recorrieron los medios son la balacera iniciada por la Gendarmería en enero del 2016 contra la murga barrial del Bajo Flores y la irrupción policial en el merendero Los Cartoneritos en Lanús, hace poco más de una semana. Para noviembre del año pasado, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) difundió sus índices y denunció un muerto cada 25 horas a manos de la policía. En el 2016 contabilizaron 259 casos y es el récord anual alcanzado por un gobierno constitucional después de la vuelta a la democracia.

*

En la marcha del #1A, desfiló por las plazas principales del país una masa que se mostraba contenta y enojada al mismo tiempo. Contenta, porque se sentía a gusto con la gestión macrista y con los valores que el presidente encarna; enojada porque, a pesar de la heterogeneidad en las lecturas, cada manifestante encontraba en la pesada herencia la razón del desequilibrio social. Un auto paseaba con un muñeco disfrazado de militar sobre el techo. Una señora mostraba orgullosa su cartel a las cámaras y sentenciaba: “Desaparecieron los que tenían que desaparecer”.

El oficialismo piensa en las elecciones legislativas, y por ello no hace oídos sordos a las demandas del elenco permanente de votantes PRO, que piden más mano dura y que se esconda o se borre la pobreza. La represión y la decisión de no ceder un centímetro a los reclamos de los trabajadores (“los vagos que no trabajan y cortan calles”) es, en este punto, otra maniobra de “marketing” electoral.

El Gobierno nacional está atravesando una crisis de representación y nada garantiza la captación del votante indeciso. Elige entonces replegarse y afianzar a los asegurados, que, dicho sea de paso, el primero de abril demostraron no ser pocos y estar bastante convencidos. Si la demanda es aplicar más mano dura y el costo político es mínimo o poco, el oficialismo tendría razones de sobra para intensificar su postura de dureza contra la manifestación popular y además exponerla públicamente.

Una vez más, el macrismo apuesta a una campaña comunicacional efectiva. Su triunfo o derrota en las elecciones 2017 aportará más experiencias para analizar las herramientas explotadas por Durán Barba: muchas cámaras y una meticulosa puesta en escena para intervenir sobre la realidad cuando la política es una cáscara vacía.

 

 

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