Búsqueda de personas: Cómo ¿funciona? el Estado

Hace dos semanas Escritura Feminista habló con el hermano de María Cash, quién nos contó sobre la necesidad de un sistema federal de búsqueda de personas. Eso nos llevó a preguntarnos ¿Qué hace el Estado cuando alguien desaparece? Para encontrar una respuesta, averiguamos cómo trabaja el Ministerio de Seguridad y cuáles son los proyectos para la búsqueda e identificación de personas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación cuenta con una Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas que registra los casos informados por las Fuerzas de Seguridad Federales y los distintos medios (0800-555-5065, correos electrónicos, notas periodísticas, redes sociales). Luego, los trasmite a todo el país a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales integrado por las cuatro fuerzas federales, todos los cuerpos de policía provinciales del país y la Dirección de Migraciones.

Lo cierto es que la teoría no garantiza necesariamente una práctica satisfactoria: las personas extraviadas siguen sin aparecer y los cuerpos encontrados siguen sin ser identificados. Al funcionamiento deficiente del Estado, se suma la connivencia entre los funcionarios públicos y los dueños de los negocios.

“Todos sabemos que en una desaparición por trata de personas está metida la policía y los políticos del lugar”, aseguró Máximo Cash.

  Está claro que si se es parte, no se puede ser juez.

Unificar la información

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La familia Cash intenta hace años promover la Creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas mediante un proyecto de ley que propone centralizar la recolección de datos ante las denuncias. La idea consiste en que exista una fuerza federal de investigación especializada en todo caso de desaparición, cualquiera fuera el motivo y de alcance nacional.

Para eso es necesario mantener actualizados los legajos sobre personas denunciadas como desaparecidas (características físicas, circunstancias personales, avances en las investigaciones) y contar con áreas de trabajo específicas, entre ellas: de planificación y coordinación operacional, de análisis y evaluación de riesgos, de apoyo y coordinación judicial, de apoyo científico, y de enlace y difusión.

El proyecto, presentado inicialmente por dos Senadores salteños, nunca fue tratado en comisión. Tres años más tarde, la actual Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien en ese momento era Diputada, presentó un proyecto propio sobre la temática, pero tampoco tuvo tratamiento.

Martín Etchegoyen Lynch, Dr. En Ciencias Penales, Miembro Honorario de Usina de Justicia y redactor del proyecto, indica que la nueva propuesta consiste en transformar la Agencia en un Secretaría dentro del Ministerio de Seguridad, para evitar el trámite legislativo. Lynch considera que la Unidad en funcionamiento “no sólo no es una Unidad de Búsqueda sino que es un incipiente registro de casos de desapariciones, sin que nadie centralice búsqueda alguna”.

Ante la respuesta negativa del Ministerio de Seguridad, el próximo paso consiste en proponer la creación de la Agencia en el ámbito del Ministerio de Justicia. En este caso, Lynch se muestra optimista ya que “el titular se mostró interesado”. De no funcionar esta alternativa, se buscará a otro legislador que inicie el trámite parlamentario.

El proceso de identificación

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Luis Fondebrider es Fundador y Presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y actualmente se encuentra trabajando en las Islas Malvinas en la identificación de los soldados NN. Accedió a hablar con Escritura Feminista, para aportar su opinión como especialista.

En este sentido, lo primero que destaca es la falta de conexión a nivel nacional entre la desaparición de una persona y la aparición de un cuerpo: “si una persona desaparece en Neuquén y aparece un cadáver en Tucumán, el sistema no tiene forma de relacionarlos y compararlos. Es decir, las 24 provincias funcionan de forma autónoma”. En por este motivo que insiste en la creación de protocolos únicos tanto para la búsqueda de personas como para la identificación de los cuerpos hallados.

“Estamos en conversaciones con las autoridades del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia pero hace falta una coordinación mucho más grande: ponerse de acuerdo 24 provincias del país para funcionar de la misma manera: en el proceso de la autopsia y el análisis de los restos, pero también en la información que se toma en una denuncia por desaparición. Todo eso tiene que tener un formulario único en todo el país”, indica.

Para la identificación de los cadáveres, además de la genética se usan otros elementos dependiendo del grado de conservación del cuerpo (cicatrices, color de ojos). Por eso es fundamental la existencia de una base nacional de datos forenses en la que se vuelque contenido relevante sobre los restos no identificados: huellas dactilares, muestras de análisis genéticos, fichas odontológicas. De esta manera, cada cuerpo encontrado puede ser comparado con la lista de personas desaparecidas.

Fondebrider señala que desde el EAAF se le sugirió al Ministerio de Seguridad la comparación de las huellas dactilares de Luciano Arruga (quien estuvo desaparecido durante 5 años y 8 meses) con aquellas aparecidas en los últimos años. Así se identificó que el joven estaba enterrado en el Cementerio de Chacarita como NN. De haber existido una base de datos correctamente gestionada, la familia no hubiera sufrido tanto tiempo para saber de él.

Es necesario entender que el Estado no sólo tiene la obligación de proteger a los ciudadanos ante todo tipo de violencia, sino que también debe garantizar la existencia de un sistema eficiente para encontrarlos e identificarlos, cuando falla en su primer deber. A su vez, en caso de convertirse en víctimas, las personas tienen derecho a la justicia mientras que sus familiares tienen el derecho a saber qué fue de sus seres queridos y a contar con un lugar donde llorarlos.


 

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