Garantizar derechos no es delito

El pasado miércoles se conoció la sentencia del juez José Oscar Colabelli en el caso de la médica procesada por garantizar el derecho al aborto.

La médica acusada de mala praxis y de haber realizado un aborto punible seguido de muerte fue absuelta del cargo de “homicidio culposo”, pero condenada por “lesiones culposas” a un mes de prisión en suspenso y un año de inhabilitación profesional.

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Foto: La Tinta

En diciembre del año 2015, Maira (nombre utilizado para resguardar la identidad de la fallecida), una joven de 17 años, acudió al Hospital Subzonal de El Maitén, provincia de Chubut, para solicitar la interrupción legal de un embarazo. Abril (cuya identidad también está protegida), la médica que la atendió, le explicó cómo era el procedimiento de acuerdo con la normativa vigente, en la que se establece que al ser mayor de 14 años, solo se necesita consentimiento escrito de la paciente para proceder.

La interrupción del embarazo fue llevada a cabo en ese mismo hospital, bajo la supervisión de los médicos, ya que Maira no quería hacerlo por su cuenta. Pasadas 48 horas de la realización del procedimiento, se le hicieron los controles pertinentes y, al no haber signos de infección o un sangrado excesivo que requiriera de nuevos chequeos, se le dio el alta.

Al día siguiente, Maira se presentó con vómitos y diarrea en la guardia, tras lo cual fue internada por unas horas y supervisada por los médicos. Esa misma noche, regresó hinchada y con los glóbulos blancos muy altos, y tras una ecografía fue derivada al Hospital de Esquel. En dicho hospital, le realizaron una cirugía mediante la cual, según los médicos que intervinieron, se encontró pus y adherencia en su abdomen, y las trompas del útero pegadas a los intestinos y el apéndice. Tras la cirugía, no la mantuvieron en terapia ya que se encontraba estable. Sin embargo, Maira falleció al día siguiente.

Los padres de la joven denunciaron a Abril por mala praxis, alegando que su hija había fallecido a causa del aborto que le habría causado una sepsis (una infección que se extiende a todo el cuerpo) y, más tarde, la muerte al no ser tratada a tiempo. La acusación pública fue presentada por el fiscal Carlos Díaz Mayer.

El proceso judicial duró dos semanas y fue caratulado como “Interrupción legal del embarazo, practicada por un médico abusando de su ciencia y arte con el consentimiento de la mujer seguido de muerte”. Durante su transcurso, se citó a declaración a 25 testigos, en su mayoría presentados por la querella. Sin embargo, no se pudo probar una vinculación entre la muerte de Maira y el aborto realizado por Abril, ni el incumplimiento por parte de la médica de ningún protocolo de atención.

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Foto publicada en las redes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresó a través de un comunicado su disconformidad con la investigación, en la cual no se tuvo en cuenta el accionar de los médicos que la atendieron en Esquel, a quienes se desligó de cualquier responsabilidad en la muerte de Maira, y señalaron incoherencias varias en el informe presentado por la perito forense oficial y la falsedad del certificado de defunción presentado en la autopsia. También repudiaron la actitud del fiscal Mayer, a quien acusaron de no tener intención de esclarecer la muerte de Maira sino de culpar a la médica.

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Foto: Pagina/12

Stella Maris Manzano es ginecóloga y perito médico, y fue una de las impulsoras de la ley que regula los abortos no punibles en la provincia de Chubut, sancionada en 2010 por unanimidad tras el caso de una adolescente de 15 años en Comodoro Rivadavia que llegó a la corte provincial para defender su derecho a la interrupción de un embarazo producto de una violación. Fue la misma Stella quien realizó el aborto a la menor, cuando ningún médico de la ciudad quería hacerlo.

En una publicación que compartió en su cuenta de Facebook, expresó su enojo por el fallo del juez y sostuvo que a él no le importó lo que ella y otras tres médicas declararon con respecto al estado de Maira días después de realizado el aborto, donde dejaban en claro que no había ninguna infección abdominal ni sangrado fuera de lo normal.

Indicó que no se puede llamar “lesiones culposas” a la infección de una placenta que no es parte del cuerpo de una mujer, que puede ser fácilmente extraída con un legrado sin dejar secuelas y ser tratada con antibióticos. Agregó además que las sepsis o infecciones graves solo se ven en casos en que las pacientes recurrieron a métodos no seguros para realizarse un aborto en primera instancia, donde hubo introducción de sondas o material no esterilizado en el útero, o incluso por haber tenido relaciones sexuales durante los 15 días posteriores a realizado el aborto con medicamentos, pero que de todas formas no había evidencia de que siquiera hubiera existido dicha infección.

Mencionó también al novio de la joven, quien había tenido actitudes violentas para con ella y quien le habría dicho que “tenía algo” para que abortara ya que, en caso de no hacerlo, confrontaría a sus padres y contaría lo sucedido en la iglesia. Sin embargo, el juez se negó a realizar un examen toxicológico para comprobar si la joven había tomado algo que pudiera haberla intoxicado y haberle ocasionado las complicaciones que se presentaron luego; tampoco investigó al novio, quien podría haberla forzado a tener relaciones sexuales a pesar de que los médicos le habían indicado que no lo hiciera, causando así la supuesta infección.

Concluyó su descargo diciendo que:

“Este es un juicio misógino, que intenta castigar y disciplinar a lxs médicxs que garantizamos derechos a las mujeres. Un juicio que nos muestra que nuestros conocimientos, pruebas, fotografías, no valen nada para los funcionarios de tribunales. También busca provocar miedo en las mujeres que piden abortos”.

 

Fuentes consultadas
Notas Periodismo Popular

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

Diario Jornada

 

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