La reglamentación de la violencia

Entrevista a Luciana Sánchez, abogada feminista y miembro de COPADI (Colectivo para la Diversidad) sobre el nuevo protocolo para la detención y el registro de personas LGBTI que presentó el Ministerio de Seguridad esta semana.

La semana empezó con novedades desde el Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich: la difusión del fragante Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.

El documento, compuesto de tres anexos y acompañado de la resolución ministerial N° 1149-E/2017, reglamenta la manera de actuar de las fuerzas de seguridad al momento de detener a una persona que se identifique con identidades de género u orientaciones sexuales disidentes.

El texto, que parece asumir un lenguaje políticamente correcto, estipula que el registro y las posteriores requisas a personas no heterosexuales y no cisgénero serán efectuados exclusivamente por personal policial femenino, que actuará bajo los principios del Uso Racional de la Fuerza.

Entre otras disposiciones, establece que “la persona detenida será alojada según el género autopercibido”, y que la detención sólo puede aplicarse “de un modo excepcional y siempre que (la persona) tenga prevista una pena privativa de libertad”.

Lejos de transmitir seguridad, el protocolo impuso un clima de profunda preocupación y abrió puertas a toda una serie de dudas, desde el por qué presentar esta herramienta a tan sólo dos semanas de la XXVI Marcha del Orgullo a nivel nacional, hasta el qué sucederá con las trans y travestis que sufren la violencia institucional en carne propia y a diario, ahora que un instrumento oficial regula la represión.

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Diana Sacayán, militante trans, frente a agentes de la Policía Federal.

Escritura Feminista habló con Luciana Sánchez, abogada feminista e integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), quien considera a este protocolo como “un instrumento que viene a criminalizar al colectivo LGBT, que lo vuelve a asociar al delito”.

Escritura Feminista: ¿Cuáles considerás que son los puntos en los que el protocolo deja mayores dudas o espacio a arbitrariedades?

Luciana Sánchez: Deja lugar a muchas arbitrariedades. Dos son especialmente preocupantes, más allá de que toda la herramienta en sí lo es porque establece cómo pueden usar la fuerza sin ningún tipo de control en el momento: siempre se apuesta al control judicial posterior, que sabemos que muchas veces llega tarde o no llega.

Los dos aspectos que enfatizo están en el Anexo I. El primero tiene que ver con la requisa de una persona desnuda, que se conoce como desnudez forzada, y las requisas íntimas.

El protocolo dice que pueden llevarse a cabo en la dependencia policial, lo que es una barbaridad enorme porque están consideradas tortura, por más que tengan una orden judicial. Tal es así que ni siquiera hay una ley que las prohíba expresamente, porque los tratados de Derechos Humanos lo vienen previendo hace muchos años.

La segunda cosa más preocupante tiene que ver con que en el Anexo I hay una parte que da a entender que no se considerará tortura ningún dolor o sufrimiento infringido que no sea grave y que se realice legítimamente por la policía en el ejercicio de la fuerza.

La regla es que cualquier ejercicio de la fuerza no debe causar ni dolor ni sufrimiento, y que esto debe estar graduado y controlado. La policía no puede ejercer la fuerza en cualquier caso, siempre debe seguir una serie de principios que están desarrollados en el protocolo, pero que aparecen desvirtuados. Es decir, expresa los principios de proporcionalidad, racionabilidad y control, pero después se contradice. 

La violencia como constante

Existen pocos estudios destinados a echar luz sobre la violencia institucional en la comunidad LGBTI en Argentina. Entre ellos, está “La gesta del nombre propio” del año 2005, el primer censo travesti, impulsado por Lohana Berkins y la antropóloga Josefina Fernández, y actualizado en el 2016 en el libro “La revolución de las mariposas” (que puede descargarse aquí).

El relevamiento arrojó que el 83,8% de las mujeres trans y travestis reconocen haber sido detenidas ilegalmente. También se detectó un alarmante índice de abusos sexuales (26,1%) y tortura (25,2%) por parte de los uniformados. En el 42% de los casos se habló de golpes y aproximadamente en la mitad, de coimas.

El Registro de Violencia hacia personas LGBT llevado adelante por la CIDH entre 2013 y 2014 explicó que en los casos de abuso policial en América Latina “se advierten bajos niveles de denuncia”, por miedo “a represalias y discriminación por parte de la policía y las fuerzas de seguridad estatales”, además de advertir muchos casos de “remoción arbitraria y violenta de hombres gay y mujeres trans y lesbianas de lugares públicos”. Situación que, sin ir más lejos, sufrieron Rocío Girat y Mariana Gómez hace unas semanas por besarse en Constitución.

 

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Rocío Girat y Mariana Gómez.

Otra arista que se agrega a esta problemática es la represión policial en las marchas de mujeres, como la razzia que tuvo lugar el pasado 8 de marzo luego del Paro Nacional de Mujeres o en los Encuentros Nacionales de Mujeres de años anteriores.

E.F.: ¿Creés que es necesaria la existencia de un protocolo dedicado exclusivamente a la población LGBTI?

L.S.:Estos protocolos deberían existir para establecer los límites de la policía sobre los  colectivos vulnerables, pero no hacer regla un uso de la fuerza que debería ser excepcional. Ese es el sentido que deben tener y para lo cual Naciones Unidas exige que se redacten; razón por la cual ya había un protocolo en vigencia (desde el año 2011, dispuesto por la resolución 1.811).

Este protocolo está destinado a las actividades que el colectivo LGBTI desarrolla en la vía pública y no a cualquier tipo de crimen, ni siquiera a delitos graves, a estafas, desfalcos, de cuello blanco.

Está orientado a reprimir a la parte más vulnerable del colectivo LGBT, que son las travestis y las trans que realizan actividades relacionadas a su supervivencia en la calle por la exclusión estructural que sufren y a las lesbianas que realizan acciones de visibilidad, protesta.

Entonces es sesgado en ese sentido, busca reprimir la supervivencia y la protesta social, a los dos sectores del colectivo LGBT más expuestos a la violencia policial. El protocolo legitima los excesos de la fuerza y avala una situación que se agravó en los últimos dos años. 

 

E.F.: ¿Cuáles son las diferencias entre el protocolo actual y el que había sido puesto en funcionamiento en 2011?

L.S.:Las diferencias con el protocolo anterior son muchas. En principio, porque el Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré no tenía sólo este, sino que tenía toda una serie de protocolos y una bajada de línea para el uso racional de la fuerza y el control civil de la fuerza de seguridad. Contemplaba formación en género para los agentes.

No es el caso ahora. La brutalidad policial está avalada por la jefatura de la seguridad. Lo vemos todos los días en la calle, lo sufrimos con las compañeras travestis y trans en las plazas, en Once, en Constitución, lo estamos sufriendo en cada una de las manifestaciones en donde compañeras lesbianas y otros sujetos visibles para la policía se manifiestan.

Hacia una Justicia más injusta

El lunes, mientras el protocolo generaba polémica y repudio, otro acontecimiento tuvo lugar: la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, la cual comenzará a correr desde el 31 de diciembre en adelante. Tras haber denunciado diversas presiones, explicó que su partida era un intento de evitar “reformas que rompan el equilibrio” del organismo y afectaran “de manera sustancial su autonomía”.

Estos dos hechos se conectan de forma sutil: la Procuraduría General de la Nación debe velar por el correcto funcionamiento de los procedimientos y por el respeto de los Derechos Humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad.

E.F.: Con respecto a la renuncia de Gils Carbó, ¿creés que puede poner en riesgo los avances en materia de género en el ámbito judicial?

L.S.: Hay un antes y un después de Gils Carbó en la Procuraduría. Ella implementó el Cupo Laboral Trans. Incluso antes de que estuviera sancionada la Ley, había trans y travestis trabajando en el Ministerio Público Fiscal.

Esto tuvo un impacto enorme para el Poder Judicial, nunca antes había habido sujetos no cisgénero en trabajando en el Poder Judicial como empleados y empleadas con posibilidades de ser magistradas y magistrados. Siempre habían sido los sujetos criminales.

Además, creó las unidades especializadas con despliegue territorial. Por ejemplo, ATAJO (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) y la RE.TE.GER. (Red Territorial en Género), un trabajo indispensable para los barrios que en otras áreas del Estado de la nueva gestión se viene recortando.

La UFEM (unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales), la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) y la DOVIC (Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas), son todas instituciones que han cambiado la forma de acceder a la justicia, sobre todo para colectivos vulnerables.

Esperemos que los avances trasciendan a la persona, ese es nuestro mayor deseo.

 

E.F.: Entonces, ¿con qué herramientas se cuentan ante los casos de abusos policiales?

L.S.: Desde lo legal, hay que seguir utilizando la presentación de habeas corpus, de medidas autosatifactivas como la que presentó ATE para la marcha por Santiago Maldonado de esta semana, las denuncias contra las fuerzas de seguridad, los planteos de nulidad en las detenciones. Después están las otras herramientas, las movilizaciones, el reclamo social. 

No es inclusión, es más violencia

Es para celebrar cada vez que los sectores excluidos y estigmatizados son reconocidos por el Estado, porque pasan a tener espacio en las legislaciones y más posibilidades de alcanzar sus derechos. Dejan de ser invisibles ante las instituciones que deben velar por ellos.

Claros ejemplos de esto fueron el matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral trans o ley Sacayán (aún no reglamentada) y la ley de identidad de género, entre otras medidas traccionadas por años de lucha y reclamos.

Pero no se puede incluir desde la violencia: con este protocolo el Gobierno está reconociendo a la comunidad LGBTI sólo en términos penales, en lugar de avanzar en la erradicación de la desigualdad.

“Que el INADI haya respaldado el protocolo demuestra que no hay una ley que pueda ser aplicada e interpretada de manera abstracta. Lo que hace la diferencia es tener un gobierno que haga de los derechos humanos una política real, como pasó con la sanción del matrimonio igualitario, bien distinto a lo que pasa en un gobierno antipopular como este, opinó Sánchez.

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