por Redacción: Sol [Asistente Terapéutica, estudiante de Psicología (UBA)].
Hace algunos días, se dio a conocer un decreto desde el Ministerio de Salud que derogaría la actual Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Dicho decreto es una avanzada contra los derechos humanos en favor de los negociados farmacéuticos y las privatizaciones en el sistema de salud pública.
Si bien la ley actual de salud mental no rindió los frutos que se esperaban desde su reglamentación en 2013 -por falta de voluntad política y partidas presupuestarias-, vale la pena destacar que fue elaborada tras un largo debate con diferentes sectores afines a la salud mental. Sus aspectos progresivos fueron la clave para que la LNSM sea reconocida a nivel internacional como “modelo” por los organismos de protección de los derechos humanos.
El decreto pretende retroceder a un modelo manicomial monovalente, con una perspectiva biologicista y basado en el modelo médico hegemónico. Se plantea una modificación en la concepción de salud mental desde la noción de “Trastorno Mental” según la CIE 10 (Clasificación Internacional de Enfermedades N° 10), y se dejan de lado los aspectos históricos, psicológicos, sociales y económicos de la persona con padecimientos mentales.
Además, dentro de los puntos más preocupantes se plantea que la autoridad recaiga plenamente en la figura psiquiátrica del/a médico/a, dejando por fuera otras disciplinas como la psicología, la musicoterapia, la terapia ocupacional, el arte y los acompañamientos terapéuticos, entre otras. Todo esto, en detrimento de abordajes interdisciplinarios y en pos de más flexibilización laboral para lxs trabajadores de la salud mental.
Este decreto comprende, también, la estigmatización de las personas usuarias tanto fuera como dentro de las instituciones, ya que apunta al retroceso con un modelo asilar y manicomial de encierro y marginación. A la vez, reinstala la lógica del modelo tutelar donde el equipo terapéutico, y otros actores ajenos a la salud mental, pueden ejercer derechos por sobre la voz y los intereses de la persona intervenida.
No extraña este intento de avanzada sobre la salud pública desde el gobierno de Mauricio Macri, dada su línea privatizadora y en favor de los grupos empresarios. Ejemplos y antecesores de este intento son el impulso al plan de la Cobertura Universal de Salud y la ley de ART.
En este marco, decenas de organizaciones, asociaciones y cátedras dedicadas a la salud mental repudian el decreto del gobierno, redactado a puertas cerradas de la comunidad experta, y exigen al Ejecutivo que no lo firme. Asimismo, ponen de relieve la importancia de cumplir con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la gravedad de que este decreto se intente llevar a cabo sin la intervención del Congreso de la Nación.
Fuentes:
Centro de Estudios Legales y Sociales
CICOP. Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires
Decreto de la Ley de Salud Mental
Imágenes:
Borda
¡Algun dia podrian publicar algo sobre la activista de la locura, Judi Chamberlin?
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Hola Alan! muchas gracias por tu sugerencia, vamos a preparar alguna nota sobre Judi para las próximas ediciones 😉
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