Homofobia e impunidad en Buenos Aires

En la madrugada del primero de diciembre pasado, Jonathan Castellari y Sebastián Sierra habían decidido salir a divertirse en el barrio porteño de Palermo cuando una patota de ocho machos homofóbicos los cruzó en una casa de comidas rápidas.

El desenlace es tristemente fácil de adivinar: entre gritos e insultos, parte del grupo golpeó con brutalidad y odio a Jonathan mientras los demás amenazaban a Sebastián para evitar que se acercara a auxiliar a su amigo.

Jonathan salvó su vida gracias a la intervención de Mercedes, una enfermera que se encontraba en el local, quien le administró los primeros auxilios antes de su internación en el Hospital Güemes. Estuvo en grave peligro de perder la visión en un ojo, y debió pasar varios días internado.

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«Hay un grito que nunca voy a olvidar: “Hay que matarlo por pu7*”», expresó Jonathan a través de su cuenta de Facebook.

La investigación abierta a partir de la denuncia judicial está a cargo del juez Alberto Baños y la fiscal María Paula Asaro.

La primera carátula de la causa rezaba “tentativa de homicidio agravada por la orientación sexual”, aunque más adelante sería cambiada por “lesiones graves, agravadas por la orientación sexual”. Aun así, sienta un precedente en lo que respecta a la violencia contra la comunidad LGBTQIA+ al explicitar que no fue un crimen corriente, sino uno de odio contra una minoría específica.

Siete de los agresores fueron identificados gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y gracias al trabajo de las mismas víctimas, quienes los localizaron a través de las redes sociales antes que la Justicia.

«Nunca tuve miedo de mostrarme tal cual soy, y hoy sí tengo miedo. No salgo solo de mi casa porque tengo miedo de que vuelva a pasarme algo parecido», declaró Jonathan en el programa radial No Se Puede Vivir Del Calor, con Franco Torchia.

Entre los días 27 y 28 de diciembre cinco de los acusados fueron detenidos: Alejandro y Gastón Trotta, Juan Ignacio Olivieri, Facundo Curto y Jonatan Antony Romero Escobar. Para el 30 de diciembre, todos habían sido puestos en libertad, tras pagar fianzas que alcanzaban los $50 000, ya que el juez considera que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Diversas organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIA+ acompañan a las víctimas y siguen con ojo crítico la investigación. Desde Escritura Feminista, nos solidarizamos por completo con Jonathan y con todas las víctimas de violencia homofóbica, cuyas voces trabajamos por ampliar.

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