¿Al loquero o a la cárcel?

Javier Alagastino está preso por llamar al 911 y amenazar de muerte a Mauricio Macri. Su historia trascendió en los medios de comunicación, no por haber amenazado al presidente ni por estar preso, sino porque Javier es portador de un diagnóstico psiquiátrico.

Los medios de comunicación adoptaron el punto de vista de la familia para referirse a la necesidad de liberar a Javier, y no han intentado entrevistarlo como sí lo hicieron con otros presos políticos, como es el caso de Milagro Sala.

Una “amenaza de muerte”, para ser tal juridicamente, debe cumplir varias características principales:

  • Dirigirse directamente al amenazado (no sería amenaza difundirlo a terceras personas).
  • Que el contenido de la amenaza sea causar la muerte a la persona amenazada.
  • Que la amenaza sea creíble.

Javier Alagastino no se dirigió de manera directa al amenazado, el presidente Mauricio Macri, y su amenaza no fue creíble porque lo hizo llamando al departamento de emergencias de la Policía Federal Argentina. ¿Javier Alagastino tenía una emergencia? Sí, estaba atravesando una situación de mucha angustia individual, porque se había sancionado la ley de reforma previsional que afectaba la jubilación de sus padres.

La policía federal, mediante su linea telefónica 911, procedió con absoluto desconocimiento de la ley nacional de salud mental y adicciones, que fue sancionada en el año 2010.

Javier Alagastino fue detenido por la policía cuando tendría que haber sido asistido por un equipo de salud mental. La policía tendría que haber recibido una capacitación para intervenir en este tipo de emergencias a través del Ministerio de Seguridad, el cual tendría que haber sido convocado por la Comisión Nacional Interministerial de salud mental y adicciones.

Sin embargo, dicha comisión fue cerrada por decisión de Andy Blake, Director Nacional de salud mental, en diciembre de 2017.

A la izquierda, Javier Alagastino.

En rigor jurídico, Javier Alagastino es un preso político, pero la cultura y los medios aún no lo pueden ver de esa manera. La prisión de Alagastino no solo es material, sino también simbólica dado que convive con un diagnostico y un tratamiento que lo cronifican, es decir, que lo condenan a la exclusión, la segregación y la inactividad.

Un preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel (o detenida de otro modo) sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. Desde esta perspectiva, todas y cada una de las personas que han sido internadas en contra de su voluntad son presos políticos.

Los delirios, como las alucinaciones, son reacciones, ideas y sensaciones que el sistema apolítico establecido vivencia como amenazantes. Por este motivo, en Argentina siguen existiendo los manicomios públicos y privados, aunque según la legislación vigente estén prohibidos (ley nacional de salud mental y adicciones 26.657).

Tanto el manicomio como la cárcel son dos opciones que vulneran los derechos de Javier Alagastino quien, según el articulo 7 de la ley 26.657, tiene derecho a recibir un tratamiento en un hospital general en su comunidad y cerca de su domicilio.

Estamos muy lejos aún de vivir en una sociedad en la cual el delirio sea un derecho. Mientras tanto tenemos la tarea de visibilizar cómo y de qué manera se viola la legislación vigente que protege los derechos de todas las personas neurodivergentes.

 

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