Las ricas se lo pagan, las pobres se desangran

Foto portada: Rocío Aielo

Un día después de la octava presentación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, se dio a conocer una nueva muerte producto de un aborto inseguro realizado en Tigre, provincia de Buenos Aires. Una mujer de nacionalidad paraguaya, de 31 años y con tres hijos, inició la interrupción de manera precaria en su casa. Llegó al hospital de la zona pero, debido a un shock séptico, falleció en terapia intensiva tres días después.

«Ni una muerte más por abortos inseguros!», expresó la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir mediante un comunicado en su página oficial de Facebook, luego de comunicar el caso de Tigre.

«Esta muerte pone sobre la mesa, una vez más, la responsabilidad del Estado frente a las muertes evitables por abortos inseguros. El Estado es responsable tanto de asistir como de informarle a la mujer que existen efectores de salud en todo el país (en esta situación a pocas cuadras del lugar donde ella vivía) que deben acompañarla en su situación. ¡El aborto inseguro mata!».

Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir

Hablemos sobre la cuestión de clase

Desde el punto de vista protocolar, la convocatoria para la presentación del martes en el Congreso invitaba a asistir desde las 15:30 h, horario en el que comenzaron a dictarse charlas y talleres que abordaban la problemática de la interrupción del embarazo desde diferentes perspectivas: aborto y discapacidad, Educación Sexual Integral, el aborto como derecho.

A las 17:30 h, el anexo de la Cámara de Diputados recibió a integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito: diputadas, activistas, abogadas, médicas, docentes y actrices estuvieron presentes en un evento que tuvo una duración de una hora y media y se transmitió mediante medios masivos y redes sociales.

En las afueras del recinto, una masa heterogénea asistió a apoyar la iniciativa. Alrededor de las tres de la tarde sólo se encontraban presentes algunas banderas de agrupaciones políticas, que comenzaban a llegar, y vendedores de merchandising feminista que, en comparación con otras marchas, han incrementado su presencia notablemente. ¿Podría haber vínculo con la situación económica del país?

Retomando la cuestión de la heterogeneidad, resulta inigualable la pluralidad que se percibe en las concentraciones por reclamos de género. El paisaje está pintado por una admirable variedad de partidos políticos, de acentos, de corporalidades, de colores de piel y de identidades. En esta ocasión, muchas organizaciones sociales se presentaron para ofrecer también charlas abiertas sobre temas como violencia de género, represión policial y diversidad sexual.

Esta riqueza cultural se puede apreciar en los detalles: las marchas feministas, a diferencia de otros tipos de reclamos sociales, tienen la particular característica de tener gran presencia de venta ambulante de comidas vegetarianas y veganas. Hamburguesas de lentejas, de quinoa, sándwiches de queso y tomate y budines de algarroba. ¿Cómo le ofrecerías un choripán vegano a un kirchnerista en un marcha? Lo consideraría una falta de respeto.

La diversidad, que se identifica con los colores del arcoíris en la bandera del orgullo LGTBI y en la de los pueblos originarios, también abarca a la transversalidad de clases. El interés político de alcanzar la igualdad entre géneros permite que personas de distinto poder adquisitivo se encuentren aunadas en un grito colectivo. Sin embargo, en el debate público, la militancia por el aborto legal se encuentra en manos de las clases altas y medias ilustradas. En los sectores humildes, si bien tiene lugar la práctica de maneras más riesgosas, la resistencia a la legalización de la IVE tiende a ser mayor debido a factores como la influencia de las religiones y la falta de información.

Según las cifras, las que mueren son las más pobres. Pero el reclamo no puede llevarse adelante sólo en nombre de ellas, de forma paternalista. Una encuesta realizada hace unos años dio a conocer que «sólo el 20 por ciento de las mujeres de clase baja que abortaron lo hicieron en un consultorio médico, un 40 por ciento lo hizo con una partera y otro 40 por ciento no respondió». El feminismo necesita tomar dimensión de la desigualdad que hay no sólo en cuanto a las formas de acceso al aborto sino también sobre los tipos de comprensión que hay del tema en los diferentes sectores sociales.

Al día de hoy, practicar un aborto por el método AMEU en instituciones con profesionales preparados (como Casa FUSA) cuesta entre $7500 y $12000. La caja de 16 comprimidos de Oxaprost se consigue en farmacias, venta bajo receta médica, por $5875,97. Años atrás, este medicamento se encontraba en precios cuidados. La despenalización es una urgencia, pero regular el negocio que se genera detrás de las interrupciones del embarazo -que ya tienen lugar- también es responsabilidad estatal. No alcanza con reformar el código penal.

¿Cómo sigue el proyecto ahora?

«Nosotros, como Campaña, no vamos a bajar el tema. Vamos a hacer todo lo posible para que se trate y se apruebe».

En pleno año electoral, el proyecto no deja de aparecer como tema vigente en el debate social. La presentación de este año incluyó algunas modificaciones en relación a los intentos anteriores:

  • Agrega la noción de «persona gestante» como sujeto de derecho.
  • Anula la causal de «graves malformaciones fetales», por cuestionamientos de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidades.
  • Exige la inclusión del derecho al aborto en el Plan Médico Obligatorio (PMO)
  • Contempla el derecho a la información mediante la propuesta de la implementación de asesorías donde conseguir respuestas ante dudas frecuentes vinculadas a la práctica.

Según se espera, el texto no sería tratado en la Cámara baja debido a las elecciones. Algunos candidatos a presidente ya se han pronunciado en relación a este tema. Si la votación del proyecto se llevara a cabo este año, probablemente obtendría los mismos resultados que en 2018. Por eso es prioridad, en octubre, revisar quiénes van a estar en las listas a diputados y senadores. Nuestro voto importa. Será ley, en la medida en que no tengamos políticos que hayan salido de Jurassic Park.


Fuentes

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