La ley de talles entró en vigencia

La ley que crea un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) quedó oficializada el jueves en el Boletín Oficial. El objetivo es generar un registro de medidas único, estandarizado, accesible a consumidores y actualizado cada 10 años. Afecta a indumentaria y calzado.

Tras su sanción en la Cámara Baja, las críticas no tardaron en aparecer en Twitter. Sin embargo, la nueva normativa no plantea la obligación de tener ropa en todos los talles en los comercios, ya que, según expresó la activista body positive Brenda Mato, se quitaron los artículos del proyecto inicial que suponían dicha obligatoriedad, a los fines de obtener más consensos en el parlamento.

Un informe de 2018 de la ONG AnyBody Argentina asegura que el 70% de la población considera que no consigue ropa de su talle. Sin discusión y con una mayoría de 163 votos a favor, la Cámara de Diputados concretó la aprobación de la normativa que intenta disminuir la discriminación y dar a conocer las medidas promedio reales de la ciudadanía. En el Senado, en marzo de este año, se aprobó la media sanción por unanimidad con 51 votos a favor y 0 en contra.

En su articulado, la ley Nº 27.521 plantea que el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo un censo de medidas antropomórficas en el país. La medición del talle promedio de la ciudadanía, según regiones, derivará en la creación de una tabla de talles homogénea destinada a la población a partir de los 12 años de edad. Por este motivo, la implementación de la legislación tomará alrededor de un año hasta que se conozcan los resultados del estudio.

A su vez, fabricantes, comerciantes e importadores de indumentaria deberán identificar las prendas de acuerdo a la tabla de medidas que surgirá del SUNITI, de manera clara. La legislación también contempla que quienes compren indumentaria tienen derecho a un trato digno y equitativo en su atención.

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, previamente se encontraban en vigencia catorce leyes de alcance provincial-municipal en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Río Negro, Chaco, La Pampa, Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nueva ley sancionada tiene alcance nacional, lo que establece un criterio homogéneo y regula sobre los distritos que aún no contaban con legislación.

 

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