Negra querida: ¡No nos han vencido!

El jueves pasado, Tucumán adhirió sin modificaciones a la ley nacional 27.499, conocida como ley Micaela. Su aprobación en toda la república es otra conquista por parte de movimientos feministas y organizaciones sociales.

La ley lleva el nombre de Micaela García, la joven entrerriana que fue víctima de femicidio en el año 2017, a los 21 años de edad. Sancionada en 2018, establece la capacitación obligatoria en perspectiva y violencia de género para les funcionaries públiques de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Según lo expuesto por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, autoridad de aplicación de la ley, se espera: «Transmitir herramientas y (de) construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad, la discriminación y transformen las prácticas de cada cosa que hacemos». Muches funcionaries ya fueron capacitades por personalidades destacadas como Dora Barrancos, entre elles, el presidente de la Nación y su gabinete.

Es importante discutir la preparación de quienes nos gobiernan para poder plantear procesos de formación integral que erradiquen la violencia de instituciones públicas hiperpatriarcales como lo son la justicia y el Estado. Solemos pensar que el machismo se da en las relaciones de pareja pero el aparato que deja por fuera a las mujeres es mucho más amplio:

«Constituye toda una constelación de valores y patrones de conducta que afecta todas las relaciones interpersonales, la amistad, el trabajo, el tiempo libre y la política».

Marina Castañeda, escritora de «El machismo invisible»

La lucha tras la pérdida de Micaela no solo se convirtió en ley sino también en la búsqueda de una salida colectiva. En 2017 se creó la Fundación Micaela García  «La Negra», espacio desde el cual se brindan clases de apoyo escolar, talleres, meriendas y otras actividades que ahora están frenadas por la pandemia.

Tucumán: Iglesia y antiderechos

No es sorpresivo que quienes gobiernan Tucumán no cumplan con leyes y derechos. La provincia tiene una deuda con mujeres, niñas, lesbianas, trans y no binaries en materia de educación sexual integral, interrupción legal del embarazo y erradicación de la violencia de género.

En agosto de 2018, bajo el contexto del debate por el aborto, Tucumán fue declarada una provincia «pro-vida». Con 39 votos a favor y 4 en contra, la legislatura sancionó una resolución en la que afirmaba posicionarse en contra de la ESI y la legalización del aborto, y donde citaba fragmentos de la Biblia que afirman que «quién debe vivir o debe morir, esa decisión la tiene solo el ser supremo que es nuestro Dios», evidenciando el peso de la religión.

En febrero de 2019, con Juan Manzur como gobernador de dicha provincia, una niña de 11 años fue obligada a parir. Con la presión de la iglesia católica y grupos a favor del aborto clandestino, le negaron la interrupción legal del embarazo a la pequeña que había sido violada. Le prohibieron el aborto hasta la semana 23 de gestación, cuando, en lugar de cumplir con los protocolos, le practicaron una cesárea, forzándola así a una maternidad no deseada.

Sus derechos fueron vulnerados al momento del abuso y, como si no bastara, el sistema de salud junto con el aparato judicial/estatal la revictimizó al negarle su derecho a terminar con el embarazo. Recordemos -nuevamente- que desde 1921 el código penal exime de punibilidad a quienes interrumpen un embarazo cuando este sea producto de una violación.

Hasta el pasado jueves, además de no reglamentar la ley, un grupo de ultraderecha encabezado por Ricardo Bussi (hijo del genocida Antonio Bussi), Walter Berarducci y Nadina Pecci presentó un proyecto para modificarla. Los funcionarios definían la capacitación como «un caballo de Troya para imponer ideologías sectoriales y autoritarias».

Los legisladores atacaron al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, presidido por Elizabeth Gómez Alcorta, por tener una orientación ideológica «ultra feminista y abiertamente abortista». Además, sostuvieron que esta ley «empodera a la mujer como una suerte de Gestapo ideológica».

Cuando los gobernantes tucumanos se negaron a efectuar la ley, les integrantes de la Fundación Micaela García brindaron un comunicado en sus redes sociales, pidiendo la adhesión de todo el país sin modificaciones. Las últimas palabras del escrito son conmovedoras; les invitamos a hacernos eco de ellas y transformar el dolor en lucha:

«Más temprano que tarde será real esa sociedad con la que Mica soñó porque la construiremos con empecinada paciencia, inclaudicable esfuerzo y, sobre todo, con amor por la vida.

Micaela García, ¡presente! ¡Ahora y siempre!

Negra querida, ¡no nos han vencido!».


Portada: Fundación Micaela García

Un comentario

  1. […] Tucumán fue la última provincia en adherir a la ley Micaela, ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Es necesario, por lo tanto, que esto tenga visibilidad para que puedan -y tengan que- aplicarse las medidas necesarias para asegurar una perspectiva que garantice los derechos de las mujeres y diversidades y también su integridad física. Fátima no solo fue víctima de la violencia de Rondón, sino también de la justicia tucumana que la dejó desprotegida frente al agresor. […]

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