Fátima Aparicio: lo personal es político y también colectivo

Artículo escrito en colaboración por Cami Díaz y Caro Pinochi


El año pasado Fátima Aparicio (40) se tomó un micro a Tucumán para dejar atrás la violencia que había recibido, en Salta, por parte de su ex pareja. Ya en territorio tucumano fue a informar de su situación pero la justicia provincial se negó a darle una extensión de la consigna policial con la que contaba en su domicilio anterior, sin antes hacerle un examen psicológico. La justicia tucumana dejó a Fátima desamparada. 

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Fotografía de Alma Ríos

A la semana, el 8 de mayo, dejó a sus hijes en el colegio y volvió a su casa. Ella no lo imaginaba pero ahí la esperaba Rondón, su ex pareja, escondido detrás de las cortinas de la bañera. Fue al baño y él la sorprendió con un grito de susto. Tenía guantes en las manos y, en la cabeza, la intención de matarla. 

Primero la tomó del cuello para asfixiarla pero ella se defendió. Entonces la arrastró hasta la cocina del departamento y empezó a darle martillazos en la cabeza. Antes de lograr desmayarla, Fátima había gritado tanto que sus vecines lograron escucharla. Los gritos y su sangre que corrieron por debajo de la puerta fueron la alarma para quienes vivían en el mismo edificio. El encargado y les vecines se organizaron y lograron entrar en la vivienda para detener al agresor mientras daban aviso a la policía.

Cuando la policía llegó Fátima estaba inconsciente. La trasladaron de urgencia al hospital en donde sobrevivió, luego de pasar 15 días en coma. Tenía fracturas múltiples, coágulos en el cerebro y edema pulmonar. Él fue detenido por los delitos de homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo, la violencia de género y la alevosía. En su declaración le permitieron fijar como domicilio la dirección del departamento en donde ella vivía, en donde horas atrás, él la había intentado matar. 

La prisión preventiva que mantiene a Rondón privado de su libertad, en el penal de Villa Urquiza de Tucumán, vencía el 5 de junio a la medianoche. Hasta últimas horas de ese día, las juezas a cargo no se habían pronunciado al respecto. Fátima no durmió esa noche ni las siguientes. Recién durante la tarde del 9 de junio –cuatro días después– fue notificado el Cuerpo Abogados para Víctimas de Violencia contra la Mujer, que lleva adelante el rol de querellante, de la prórroga por seis meses de la prisión preventiva.

 

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El miedo a que su ex volviera a aparecer y pudiera tomar represalias, la llevó a resguardarse. Escondió a sus hijes y le pidió a sus familiares que cambiaran de domicilio. Sin embargo, a pesar del miedo al asesinato, ella no podía abandonar el departamento en el que vivía ni dejar de trabajar. Fátima es el sostén de su familia. 

Así, cuando se desteje el discurso, pueden leerse otros tipos de sometimientos que atraviesan su vida: La crianza en soledad y el tener que hacerse cargo de las tareas del hogar y del cuidado, aun cuando su vida corre peligro. Verse obligada, nuevamente, a abandonar sus espacios de pertenencia y circulación por la amenaza de que el agresor pueda volver a atacarla. La inseguridad en su propia casa, donde tiene él fijado su domicilio.

Todo ello habla de lo siniestro que teje el entramado de las violencias de género. Esconderse, planificar distintas estrategias de protección en base a una nueva posible agresión, seguir sosteniendo una vida laboral y social, encargarse en soledad del cuidado de les hijes. Son todas cuestiones que afectan directamente a su salud, más allá del miedo a que esta vez Rondón logre su propósito y, finalmente, la mate. 

Una casa es, posiblemente, uno de los lugares más íntimos que tiene una persona -o así debería ser-. Una casa no puede ser, también, un espacio en el que un violento se encierre en el baño y espere para atacar. Paradójicamente más del 60% de los femicidios sucede dentro del hogar de la víctima. Así, los hogares se convierten en lugares inseguros y peligrosos.

En estos últimos meses, en contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio que busca proteger a la sociedad del contagio del virus de COVID-19, los llamados a la línea 144 de atención en situaciones de violencia de género han aumentado en un 30%, ello demuestra que el agresor está en casa. 

Las violencias de género y, en particular, los femicidios tienen un efecto disciplinador hacia el resto de las feminidades y diversidades. Son la muestra extrema -y, por eso, ejemplificadora- de la posición y rol que esta sociedad patriarcal otorga a cada quien. El maltratador no es un enfermo, es responsable de su conducta. Es, como se dice, un sano hijo del patriarcado.

Ejerce la violencia porque quiere hacerlo, porque piensa que sus actos quedarán impunes y porque percibe a las mujeres y diversidades como inferiores a él. La agresión apunta a convertir a le otre en una cosa, una cosa de su propiedad, una cosa de su propiedad sobre la que se tiene absoluto dominio. Y a lograr que, como en el caso de Fátima, aún sin que esté él físicamente ahí ella no pueda estar tranquila e imagine que en cualquier momento quizás aparece.

Esta necesidad de control y dominio es uno de los tantos mandatos de masculinidad. Mandatos que, al mismo tiempo, sostienen las instituciones patriarcales que actúan en complicidad con el agresor. En el caso de Fátima, es evidente la completa ausencia de perspectiva de género que aún persiste en las instituciones de muchas provincias.

Tucumán fue la última provincia en adherir a la ley Micaela, ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Es necesario, por lo tanto, que esto tenga visibilidad para que puedan -y tengan que- aplicarse las medidas necesarias para asegurar una perspectiva que garantice los derechos de las mujeres y diversidades y también su integridad física. Fátima no solo fue víctima de la violencia de Rondón, sino también de la justicia tucumana que la dejó desprotegida frente al agresor.

Sin embargo, necesitamos reivindicar que Fátima es mucho más que una víctima. Fátima es una sujeta de derechos que gritó para pedir ayuda. Fátima es una persona que logró tejer redes. En el momento del ataque, fue crucial la red que se armó entre sus vecines para poder protegerla. Hace pocos días, fue fundamental la red que se formó para denunciar la falta de respuesta y de medidas de protección y contención por parte de la justicia. Periodistas y miembres de organizaciones sociales feministas exigieron que se le renovara la prisión preventiva a Rondón, y, así, lograron que continúe preso por seis meses más.

 

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Las redes son un otro modo de abordar las violencias, como éstas tienen un efecto ejemplificador e (in)disciplinador para las mujeres y diversidades, invitan a ir en contra de aquello que históricamente nos han prescripto: quedarnos callades, ser rivales entre nosotres, no denunciar por certeza de que la justicia no funciona. Es cierto, la justicia rara vez funciona, pero también es cierto que las redes pueden forzarla a hacerse cargo de lo que debe y cómo debe.

Cuando la justicia falla, hay otras formas de contención colectivas que son reparadoras para las mujeres y diversidades. No son, de ninguna manera, soluciones fáciles y romantizables. Requieren escucha, debate, apoyo, acuerdos y alianzas. Implican lugares incómodos que conllevan más dudas que certezas. Implican ubicarse en una posición política que no es individual, sino que requiere pares, compañeres, amigues, hermanes.

Sin duda son fundamentales para hacerles frente a estas violencias existentes y agudizadas en los últimos años. Hacerles frente no solo para visibilizarlas y tomar de conciencia de ellas, sino fundamentalmente para construir y sostener la certeza de que a las violencias no hay por qué tener que abordarlas y soportarlas en soledad. A las violencias se les da batalla en colectivo.


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