María Ester Ledesma: morir por enfermera

María Ester Ledesma tenía 50 años y era enfermera. Trabajaba en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Por padecer diabetes, una patología muy común entre quienes ejercen la profesión, había solicitado en varias oportunidades la licencia que, en el marco de la actual pandemia de COVID-19, se otorga a grupos de riesgo. En todas, dicha licencia había sido negada, por lo cual continuó trabajando. En tales condiciones, contrajo el virus y falleció.

Junto a ella se contagió toda su familia, compuesta por su marido, su madre y sus dos hijos. Su madre falleció y uno de sus hijos, al cierre de esta edición, se encontraba en grave estado. La familia de María Ester «se rompió» y no es la única. En lo que va de la pandemia, la hostilidad y precariedad de las condiciones de trabajo tuvo resultado muerte para otres tres colegas.

Lo sabemos todes

Es abril de 2018 y me encuentro sentada en una oficina, pequeña y hermética, de una sede sindical. Me afilié específicamente para pedir ayuda legal. Me balanceo inquieta en la silla mientras un abogado, trajeado, impecable, ajeno a la circunstancia que me atañe, toma nota.

«¿En algún momento te amenazaron con dejarte sin trabajo?», es lo primero que pregunta. «¿Te negaron licencias, francos, días por examen?», pregunta después. Está buscando lugares comunes del hostigamiento laboral. Me dice que, aunque la mano viene por ahí, a mi caso le faltan algunos para poder denunciar.

Soy sumisa y entiendo. Elogia la prolijidad de mi discurso y me pide que relate todos los hechos en un mail. Me dice que a ese mail va a contestar con una nota de cese de hostigamiento y me explica lo que tengo que hacer: Entregársela en mano a mis superiores que, casualmente, también resultan ser mis hostigadores.

«Después pueden pasar dos cosas», me dice y continúa: «Que se calmen las aguas o que se agiten más. Que pidas licencias y no te las quieran dar… Ese tipo de cosas. Y ahí va a aparecer lo que falta para denunciar».

Al cabo de varios días, recibo el mail. Veo una posibilidad unívoca de que las cosas recrudezcan. Pienso, como en general ocurre, que tengo que evitarlo. Que aún puedo evitarlo. No imprimo, ni entrego nada. Me las arreglo para desconfiar del abogado. Ahora, mientras escribo, recuerdo el modo en que insistía en ver el acto de negar licencias, como forma de maltrato entre enfermeres. Era cierto.

Les enfermeres somos recurso crítico en toda institución asistencial. Sin nosotres la mayor parte de las cosas no pueden funcionar. Muy poques se dan cuenta pero está en nosotres, en nuestra formación y en nuestra proporción por cantidad de camas, el eje de una atención de calidad.

Pese a esto, por razones de circunstancia cultural, siempre somos poques en toda institución asistencial. Siempre estamos desbordades. Bajo dicha circunstancia, la licencia de une enfermere es un evento que se debe programar. Se debe buscar un reemplazo y convencerlo de asistir por horas extra, antes o después de su jornada habitual. Si el reemplazo no se encuentra, se agrava el desborde de todes les demás. Las licencias son entonces una herramienta de la cual todos los jerárquicos y todas las instituciones, disponen para el control del recurso humano de Enfermería.

¿Y qué puede querer más une enfermere que «retirar el cuerpo», retirar su presencia un día de su agobiante lugar de trabajo? Quienes conocemos el sistema de salud desde adentro, sabemos que a María Ester la licencia le fue negada por dos razones: la falta de recursos humanos y las dinámicas piramidales, pseudorreligiosas, con las que hacia adentro del sistema circula el poder.

En estas dinámicas, les colegas enfermeres son siempre les más perjudicades: el escalafón superior asume generalmente que les puede hacer y decir cualquier cosa. La mayoría de les colegas entienden que lo que les hacen y les dicen está bien, que debe ser por algo. Aprenden que «vale», más allá del contenido, porque viene de un escalafón más alto.

Una cierta crisis de representatividad

Al difundir la noticia de la muerte, representantes sindicales del Hospital Gandulfo la identificaron claramente como un «asesinato laboral». No queda claro qué hicieron para evitar que ocurriera. No queda claro en qué instancia, ni cómo le explicaron a Ester que ella podía tomarse la licencia igual. Que no solo podía, sino que debía hacerlo, en resguardo de su salud y la de su familia. Que existían formas, a posteriori, de dejar sin efecto eventuales sanciones disciplinarias y de obligar al hospital a adecuarse a la legalidad.

En los primeros días posteriores a la muerte, convocaron a una «jornada de duelo» dentro del espacio físico del hospital. Después, un sector realizó una radio abierta junto a otros sindicatos. No mucho más. Y en comparativa, resulta muchísimo: la Asociación de Enfermería de Capital Federal se limitó a publicar infografías en donde, con la foto de María Ester y un crespón negro, dice que «eleva una oración por su descanso eterno».

Aprovechando la duermevela sindical, el hospital emitió un comunicado expresando un lamento y detallando que, en efecto, Ledesma había pedido la licencia «y se encontraba completando el expediente». Dicha afirmación es prácticamente una confesión a cielo abierto: en caso de que fuera cierta, el expediente debió completarse con María Ester en su casa. De completarlo, dependía la justificación interna de las inasistencias pero no el otorgamiento de la licencia: la misma ya había sido otorgada a priori por el Ministerio de Trabajo, en su resolución 202/2020.

Las otras muertes de María Ester Ledesma

Entre los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires no trascendió la muerte de ninguna María Ester. Apenas el ingreso a terapia intensiva de Claudio Lugo, enfermero del Hospital Fernández. Pese a esto, las cifras de contagios son cada vez mayores entre el personal asistencial.

Existen tres razones principales: la falta de equipos de protección de calidad, la falta de recursos humanos en relación con la enorme demanda y lo insostenible en tales condiciones de los protocolos de atención y bioseguridad. Si el personal asistencial trabaja en condiciones de sobrecarga extrema es de suponer que pierda eficiencia y eficacia en el mantenimiento de medidas de higiene y aislamiento y en el manejo de su equipo de protección. Si se agrega que dichos equipos de protección son de baja calidad y, a menudo, de escasa disponibilidad, la ecuación da como resultado una masacre.

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Una trabajadora lleva colocado un barbijo que en el frente exhibe el rótulo N95, haciendo suponer que protege adecuadamente contra Coronavirus. Sin embargo, por las características de sus materiales, se advierte que se trata de un «híbrido», entre el N95 y un barbijo común.

En el Hospital Argerich debieron aislarse tres médiques neonatólogues que resultaron contagiades y, al cierre de esta edición, no se había testeado al personal de enfermería que revestía carácter de contacto estrecho. El servicio continuaba recibiendo pacientes articulado con la sala de partos. También se registraron contagios en el centro quirúrgico y en el servicio de terapia intensiva, en donde actualmente les trabajadores usan máscaras que compraron de sus bolsillos, ante la imperiosa necesidad de que las mismas tuvieran mejor calidad.

El Argerich es, a su vez, el efector donde se produjo el primer fallecimiento por COVID-19, antes de la cuarentena. El paciente, que integraba un grupo de riesgo, permaneció internado más de diecisiete horas en el servicio de guardia y otras tantas en la terapia intensiva, sin que se aplicaran protocolos. La secuencia terminó con cerca de 70 trabajadores aislades durante la quincena posterior.

En el Hospital Ramos Mejía, tras el contagio de tres enfermeras, un amparo judicial debió intimar al Gobierno de la Ciudad a garantizar equipos de protección suficientes y adecuados. Fue también un recurso de amparo el que obligó a que los mismos se proveyeran en El Borda, Moyano, Alvear y Tobar García, los cuatro hospitales que brindan prestaciones de salud mental.

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Otra trabajadora lleva el mismo barbijo y quedan espacios de fuga de aire a los lados de su rostro. Esto se debe, nuevamente, a las características de sus materiales y a que no posee un adecuado sistema de ajuste.

Por su parte, Claudio Ferreyra, enfermero del Hospital Durand, detalla en una carta enviada ayer al diario Clarín que ante la falta de camisolines, les trabajadores se protegen con bolsas de basura.

Que no se hayan registrado muertes obedece puramente al azar o a una cuestión de tiempo. Sin embargo, que no trascienda a modo de noticia la agonía diaria de cientos de enfermeros y enfermeras, entre otres trabajadores del sistema de salud, obedece a razones más concretas: al cerco mediático aplicado sobre Horacio Rodríguez Larreta y a la cultura del silencio que reina en los espacios asistenciales.

Todo se sabe pero que nadie se entere. Y si alguien se entera, los responsables lo negarán a cara de piedra. Mientras que, a un par de metros, les trabajadores se entregan, en el sentido más literal y menos simbólico del término.

Con el avance de la cuarentena, se fueron apagando los aplausos de balcón. Yo supe que así iba a ser, desde el momento cero. De hecho, supe algo peor: lo que aplaudían era, precisamente, esa entrega. La entrega que María Ester, sin recursos para poder evitarlo, terminó haciendo de su cuerpo, de su vida y de su familia. La que hacen todos los días quienes fueron mis compañeres, mis colegas.


Fuentes: 

Imagen de portada: ATE

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