Nos siguen prohibiendo derechos

Santiago del Estero es una de las provincias que aún no adhiere al protocolo por la interrupción legal del embarazo en Argentina. En lo que va del año se hicieron públicos dos casos de abortos no punibles negados a niñas de 11 y 12 años. Faltan leyes que promuevan los derechos de las mujeres pero, además, que las que están vigentes se cumplan.  

Desde 1921, el Código Penal establece los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación. Sin embargo, 100 años después las mujeres siguen sin tener acceso al aborto legal.

En 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo F.A.L. sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Según el fallo, solo es necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito que sufrió la persona que quiera interrumpir el embarazo.

El 12 de diciembre de 2019, tras asumir Fernández como presidente y el Dr. Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, dicho Ministerio aprobó la última actualización al «Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo». El documento reconoce la posibilidad de la objeción de conciencia pero establece que esta no puede suponer un obstáculo para el acceso al derecho a abortar.

Según un informe de La Izquierda Diario, en la actualidad son siete las provincias que aún no han adherido al protocolo nacional. Además de Santiago del Estero se cuentan Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan y Tucumán. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto manifestaron su preocupación y reclamaron que se cumpla con la ley en Santiago y en el resto del país.

Niñas, no madres

En los últimos años se han dado a conocer varios casos de niñas abusadas que no han podido interrumpir su embarazo porque los médicos se niegan a cumplir con la ley o porque grupos religiosos y hasta gobernantes interfieren para que sus embarazos lleguen a término. Por más títulos románticos e historias de jóvenes que son madres ejemplares que se difundan, es importante remarcar que una niña madre es una niña violada, y que además es revictimizada cuando no se respetan sus derechos.

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En mayo de este año, se conoció el caso de una nena de 12 años obligada a gestar en Santiago del Estero. La niña es cartonera, vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, la pareja de ella y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria que alquilan en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. Además, pasó la mayor parte de su vida en instituciones alejada de su familia.

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El 2 de abril, la menor fue a atenderse por dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. El 6 de abril, en el del barrio Misky Mayu, le hicieron una ecografía que dio una edad gestacional de 20 semanas. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le garantiza por ley.

Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo y los apoyos posibles en cada caso. Además, la médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo que, dado que la niña tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual.

El informe detalla que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional. Además, expresa que la niña «refiere haber estado de novia con un joven y ahora ya no, negando la identidad del mismo». Y más adelante, detalla: «Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico». Todo el tiempo se la trató como una mujer embarazada más.

Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda.

El 7 de mayo, fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y descubrieron que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada.

El caso de esta pequeña sacó a la luz el modo de manejarse de una gran parte del personal de salud de Santiago del Estero. Se descubrió que no brindan la información necesaria acerca de los derechos y las posibilidades de las menores o gestantes violadas, niegan contención psicológica, demoran sus informes o denuncias y, además, exageran el número de semanas de gestación para generar la idea de que ya no se puede hacer nada.

La ley existe. Ahora, se necesita de un Estado y un sistema de salud que actúen en nombre de las víctimas y no de sus concepciones personales.


Fuentes:

Imagen de portada: Otra Óptica


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