#AbortoLegal2020: volvimos a las calles

El caso de 2018 fue la séptima vez que un proyecto de interrupción del embarazo llegó al Congreso. Hoy, dos años después, las personas gestantes continúan sometiéndose a la clandestinidad de aborto ilegal. El pasado miércoles se realizaron diferentes manifestaciones a lo largo de todo el país bajo las consignas «Es urgente» y «Aborto legal 2020».

El 4 de noviembre, bicicletas, rollers, motos y autos llenaron las calles de las principales ciudades de todo el país. Miles de personas se movilizaron: en Capital Federal desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación; en otras capitales, las municipalidades y plazas fueron los puntos de encuentro. En las convocatorias se incentivaba a cumplir con el uso de barbijo y el distanciamiento social.

Fuente: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Los tiempos legislativos se acortan: el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias y desde las organizaciones feministas piden que la ley de aborto legal sea tratada antes de fin de año. El 20 de noviembre es el último día para que las comisiones de las dos cámaras emitan dictamen; de no presentarse y tratarse antes de esas fechas, el debate pasará al año que viene, a menos que sea incluido por el presidente de la Nación en sesiones extraordinarias.

llegamos para quedarnos

Para poder comprender cómo se llega a debatir una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es necesario revisar la organización de las mujeres y las diversidades en los últimos años en Argentina y en gran parte del mundo. Se vuelve imposible separar los discursos en torno al debate de la legalización y despenalización del aborto de los relacionados con el feminismo, la violencia de género y la lucha de las mujeres.

Todo forma parte de un solo eje: el sistema capitalista/patriarcal y la desigualdad que este genera. Esta no es la primera vez que el debate por el aborto se instala en nuestro país: el derecho a una sexualidad libre, separada de la reproducción, aparecía ya en las feministas de la llamada «segunda ola» en las décadas del 70 y 80.

La historia del derecho a la interrupción del embarazo en Argentina se inicia en 1886 con la sanción del primer Código Penal, en el cual se penalizan todos los casos de aborto sin excepción alguna. Sin embargo, según datos brindados por la Fundación Huésped, con la primera reforma del Código en 1903, se establece la primera salvedad: los casos de tentativa de interrupción del embarazo no son punibles.

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El 6 de marzo de 2018 fue la séptima vez que un proyecto relacionado a la legalización del aborto ingresó a la Honorable Cámara de la Nación. Esta vez fue con la firma de 71 diputades, en su mayoría mujeres. Pero, a pesar del apoyo popular, la ley no fue aprobada por les senadores de nuestro país.

la espera se cobra vidas

El primero de marzo de este año, en el discurso de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, Alberto Fernández confirmó que presentará un proyecto propio de legalización de la interrupción legal del embarazo «que permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar». Sería la primera vez en la historia Argentina que un presidente enviaría al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto.

En la actualidad las personas con capacidad de gestar continúan interrumpiendo embarazos en la clandestinidad. Los motivos que dio el presidente para posponer el debate fueron que quería que el Ministerio de Salud y el ministro Ginés González García estuvieran al frente de la discusión, algo difícil en tiempos de pandemia.

Después de dos reuniones canceladas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió en el Congreso con referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, quienes exigieron la «urgente» sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Massa propuso el armado de una mesa de trabajo con las autoridades de la comisión de Mujeres y Diversidades, Macha y Lospennato, para incorporar la interrupción del embarazo a la agenda parlamentaria.

Hay que recordar que durante el año 2018 ya se realizaron mesas y comisiones de trabajo desde las cuales  se organizaron las exposiciones de 738 referentes a favor y en contra de la ley. También, que en 2019 se presentó un proyecto de ley que elaboraron desde la Campaña y aún tiene estado parlamentario. Por su parte, Massa sostuvo que el mejor momento para discutir el tema será cuando el presidente Alberto Fernández presente el proyecto e informó que ante la excepcionalidad de la pandemia las sesiones continuarán hasta febrero.

«Nos reunimos este jueves con el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para manifestarle que es urgente el tratamiento y la aprobación de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Reiteramos que la criminalización del aborto agrava el acceso la salud y que las complicaciones por abortos inseguros suman más demanda al sistema sanitario».

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Accesos y dificultades

El Observatorio de Acceso al Misoprostol monitorea los precios de los medicamentos utilizados para interrumpir embarazos no deseados. El último informe de octubre registra el Oxaprost a un valor de $9620, lo que equivale a un aumento del 3,8% respecto al precio de septiembre, y el Misop 200 a $5860, con una suba del 4%.

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Por su parte, un estudio reciente del Instituto Guttmacher, organización comprometida con la salud y los derechos sexuales, calcula que durante la crisis sanitaria global, una disminución de apenas un 10% en el acceso a la atención en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones de riesgo, 15 millones de embarazos no deseados adicionales y 28 000 muertes de personas gestantes durante este año.

Además asegura que una disminución del 10% en el uso de anticonceptivos daría lugar a 49 millones de mujeres adicionales que presenten una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos en los países de ingresos bajos y medianos. Para mitigar este impacto, el Instituto Guttmacher brindó recomendaciones para los Estados: que declaren los servicios de salud sexual y reproductiva esenciales, que dispongan del personal necesario, que pongan a disposición anticonceptivos sin receta y que exploren modelos de atención innovadores como la telemedicina.

Además de los riesgos y la muerte para las personas con capacidad de gestar, posponer el debate tiene detrás otro problema que es el contexto político: el año 2021 será año electoral, lo cual puede posponer un año más la discusión parlamentaria como ocurrió durante 2019. Las consecuencias de la pandemia y la crisis que arrastra el coronavirus son inevitables, pero los retrocesos en materia de salud sexual y reproductiva no lo son.


Fuentes:


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