Corea del Sur: el aborto no es un delito

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Después de años de lucha, el aborto fue despenalizado en el país asiático. En abril de 2019, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ordenó al gobierno que, antes de finalizado 2020, despenalizara el aborto y reformara las leyes nacionales que eran sumamente restrictivas.

Antes de ser reformada la ley, la practica del aborto en Corea del Sur era criminalizada en la mayoría de los casos. Las personas que interrumpían un embarazo podían enfrentarse a multas o un año de cárcel y les profesionales de la salud que ayudaban a practicar abortos podían enfrentar penas de hasta dos años de cárcel si eran declarades culpables.

A partir del primer día de 2021, el aborto dejó de ser delito pero la realidad no cambió sustancialmente ya que ahora se generó un vacío legislativo, porque no existe una base legal para una interrupción del embarazo segura. Las sanciones han desaparecido pero la lucha no termina porque ahora queda introducir al aborto en el marco legal.

El movimiento feminista surcoreano creció y cobró masividad en los últimos años, tal como sucedió en muchos otros otros países del mundo. Las marchas por justicia y en reclamo por el derecho a abortar se apoderaron de las calles en numerosas ocasiones y los efectos de la lucha están dando resultado.

En 2019, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara la necesidad de cambiar las leyes sobre la penalización del aborto, Roseann Rife, directora de Investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental, declaró:

«La resolución de hoy es un gran paso adelante para los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Corea del Sur. Las draconianas leyes del país han provocado durante décadas la discriminación y estigmatización de mujeres y niñas al obligarlas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros. El Tribunal Constitucional ha transmitido un claro mensaje de que esto debe cambiar y que en el futuro deben protegerse y respetarse los derechos humanos de las mujeres y las niñas».

Corea del Sur no es el primero entre sus vecinos en legislar a favor de los derechos de las personas gestantes: países como Mongolia, Vietnam y Singapur son algunos de los 66 que autorizan la interrupción voluntaria del embarazo.

El 41% de las personas gestantes del mundo viven bajo leyes restrictivas en relación al aborto. La imposibilidad de acceder a abortar de manera segura y legal impacta a 700 millones de personas en edad reproductiva. Los avances en Corea del Sur y Argentina en el último mes impactan positivamente en revertir estos números y garantizar el derecho.

Cada año, casi la mitad de los embarazos –121 millones– no son planificados y seis de cada diez embarazos no deseados terminan en abortos inducidos. Por este motivo es importante y necesario tener una legislación y un sistema de salud acorde y dispuesto a tratar estos caso para evitar las complicaciones de salud que vienen con la clandestinidad y los abortos inseguros.



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