Custodia de los derechos humanos

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Artículo escrito en colaboración por Camila Cortez y Lorena Fernández Bravo

La Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario (AMI), que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, desde el lunes 4 de enero dispone de la custodia del local Madaho’s de Mar del Plata, donde funcionaba un prostíbulo VIP que fue centro de explotación sexual en la ciudad balnearia. Además, según lo resuelto judicialmente, las ganancias obtenidas por la administración del espacio se destinarán a las víctimas del caso a través del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

AMI

AMI es una organización sin fines de lucro que funciona desde 2014. No solo abarca las necesidades del colectivo LBGTIQ+ sino las de todos los grupos de diversidades excluidas y marginadas del sistema socioeconómico y cultural. Entre otras, brinda asistencia a mujeres travestis y personas trans en situación de prostitución. 

Desde su página oficial declaran que «AMI nace de la necesidad de crear espacios de lucha que contengan en sí mismos un enfoque plural y un abordaje multidisciplinario e intercultural, apostando por la defensa a la identidad, a la autodeterminación, a la real participación de todas las diversidades vulneradas dentro de los espacios de poder, de toma de decisiones, de proyecto, discusión y debate, pero también de ejecución y de realización».

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Custodia por el bien público

La custodia del espacio se obtuvo a raíz de un pedido del Ministerio Público Fiscal con la intervención del fiscal general Daniel Adler junto a Mario Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos  (PROCELAC), y Daniela Sodini, directora interina de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación. Se solicitó el embargo el inmueble para asignar su uso a una entidad de bien público. En consecuencia, el juez Santiago Inchausti, en una resolución que se destaca por el uso de la perspectiva de género y diversidad en el Poder Judicial, decidió avanzar con el pedido. 

Fuente: AMI

La causa en cuestión

En 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó a ocho personas acusadas del delito de trata de personas y lavado de activos, a raíz de conformar una asociación entre sociedades, familiares y allegados para canalizar y disimular los ingresos provenientes de la explotación económica de la prostitución de mujeres desde al menos 2001 hasta que el local fue allanado en 2014.

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Explotación de la prostitución ajena

En la sentencia judicial quedó demostrado que las mujeres víctimas, luego de ser entrevistadas y admitidas, eran explotadas sexualmente mediante el sistema de «pases» y «copas» que controlaban y dirigían los responsables del establecimiento. Los «encuentros» o «pases» entre los varones prostituyentes y las víctimas eran pactados en el interior del bar. Si las mujeres no regresaban dentro del tiempo estipulado del «servicio», los «clientes», además, debían abonar una sanción o multa. 

Asimismo, la organización continuaba sumando ingresos en concepto de «entrada» y «derecho a espectáculo», mediante los cuales también se buscaba disimular el origen de las ganancias.

«Detrás del montaje que significaban las consumiciones y la entrada al lugar, se camuflaban las ganancias ilícitas, que tenían como único cauce la explotación sexual de las víctimas».

Ministerio Público Fiscal.

El proceso judicial que juzgará a las personas acusadas deberá tener en cuenta que, según la ley 26.842 de trata de personas, la explotación económica del ejercicio de la prostitución de una personas se pena con entre cuatro y seis años de prisión y entre cinco y diez cuando mediare el engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. A su vez, el artículo 145 ter expresa: «Cuando se lograra consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de 8 a 12 años de prisión».

Estadísticas

Segun la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (INECIP), el 98% de las personas que trabajan de la prostitución son mujeres y el 70% son mayores de edad en Argentina. 

Por otro lado, «un denominador común es que las víctimas han manifestado ser madres, con hijos a cargo y con graves problemas económicos. Esta situación las incitó a aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un alejamiento de sus familias y sus redes de contención».

Dicho informe no presenta información sobre personas trans, travas ni travestis. 


Fuentes:


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