Reino Unido eliminó el impuesto a productos de higiene menstrual

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Desde el 1 de enero de este año, Reino Unido integra el listado de países en sacar el «tampon tax» del 5% a los productos de higiene menstrual como tampones y toallas sanitarias.

En marzo de 2020, el jefe del tesoro británico Rishi Sunak había establecido el compromiso de quitar el impuesto, pero esto solo podía concretarse después de que Reino Unido saliera económicamente de la Unión Europea. La legislación de la UE establece que las naciones que formen parte de ella no pueden reducir el IVA a los productos de higiene menstrual por debajo del 5% ya que no los considera artículos esenciales sino «de lujo».

El único país miembro de la UE que aplica tasa impositiva cero a toallas sanitarias y tampones es Irlanda, ya que su reglamentación estaba vigente desde antes de que la UE estableciera dicha legislación. Canadá, India, Australia, Kenia y algunos estados de EE. UU. también tienen tasa cero en productos de higiene menstrual.

¿Qué pasa en el mundo?

En noviembre del año pasado, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en convertir en derecho el acceso gratuito y universal a productos menstruales. La ley, votada por unanimidad, estima un costo de alrededor de 8.7 millones de libras anuales y prevé que establecimientos educativos de todos los niveles ofrezcan estos productos como también podría obligar a los organismos públicos a hacerlo.

Alemania, por su parte, votó en 2020 a favor de la reducción del impuesto a partir de enero de 2021, desde el 19% actual (el establecido a los artículos de lujo) a un 7% (el correspondiente a artículos de necesidades diarias).

En México, 169 diputadas y diputados presentaron junto al colectivo Menstruación Digna un documento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional el IVA del 16% a los productos de higiene menstrual bajo el argumento de que «son bienes insustituibles, de primera necesidad, indispensables para evitar infecciones y complicaciones».

Además, el documento establece que «el tratamiento fiscal es discriminatorio y atenta contra el acceso a la salud, mínimo vital, vida digna, trabajo y educación de mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes».

La situación en Argentina

Según un informe de Economía Femini(s)ta, durante los —aproximadamente— 40 años en los que una persona menstrúa, incurre en un gasto anual (tomando valores de 2019) de $2.930 en toallas sanitarias y de $3.780 en tampones, teniendo en cuenta una cantidad de 13 ciclos menstruales por año y 22 productos utilizados por ciclo.

Esto representa un factor de gran desigualdad al que se suma la brecha salarial en la que las mujeres ganan un 29% menos que los varones en el empleo formal y un 35,6% en el informal.

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Desde el año pasado, con la actualización hecha para este año, el Programa Nacional Precios Cuidados ofrece tres marcas de protectores diarios, una de tampones y cinco de toallas con un rango de precios que va desde los $53 a los $135.

En Rosario, Santa Fe, el año pasado se aprobó el Plan Municipal de Gestión Menstrual que establece la distribución de elementos de higiene menstrual a través de organizaciones barriales y sociales.

En tanto, Morón es el primer municipio bonaerense en tener una ordenanza vinculada a la salud menstrual. El Programa Menstruar, que comenzó a implementarse en septiembre del año pasado, consta con una primera etapa de entrega de toallas descartables para luego avanzar hacia una segunda en la que se prevé garantizar el acceso a más personas a toallas ecológicas y copas menstruales.

En San Rafael, Mendoza, se elaboró una ordenanza y se hizo la primera licitación de compra de insumos como así también se presentaron proyectos al gobierno nacional para lograr acuerdos con cooperativas de trabajo para fabricar toallas reutilizables.

La diputada nacional por el Frente de Todos Daniela Vilar presentó en noviembre último un proyecto de ley para crear el «Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable». En su Twitter, la legisladora comentó que dicho plan «promueve la creación de políticas públicas de incentivo a la producción nacional de productos de gestión menstrual sustentable y la incorporación de estos productos al Programa Nacional de Precios Cuidados».

A su vez, «crea un Observatorio de Gestión Menstrual para que el Estado, en conjunto con la sociedad civil, genere información y datos para la creación políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruación».


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