América Latina se tiñe de verde

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Al sur, Argentina ya tiene ley; al oeste, Chile busca la despenalización; al norte, Colombia demanda lo mismo y, al noroeste, Puerto Rico exige la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

Chile no dejó pasar el impulso de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y atención post aborto de Argentina y comenzó su debate por el aborto libre. La iniciativa fue llevada a cabo por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo principal de despenalizar a las personas gestantes, por el momento, hasta la semana 14.

Antes del debate, Maite Orsini (RD), presidenta de la instancia e impulsora de la iniciativa, comenzó la reunión celebrando que finalmente se debatirá:

«Hoy iniciamos el camino hacia la despenalización legal y social del aborto en Chile. Los abortos existen y seguirán existiendo. En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para hacerlo en clínicas disfrazado de apendicitis».

Más tarde, la diputada Karol Cariola (PC) recordó el clima inolvidable de la discusión del proyecto de aborto en tres causales que se aprobó en 2017. «Recuerdo a una parlamentaria diciendo que habían violaciones no violentas; recuerdo parlamentarios diciendo que las mujeres buscábamos una violación porque nos tomábamos unas copas de más y que teníamos, por tanto, que hacernos cargo de las consecuencias», sostuvo.

También se solicitó información para continuar trabajando, por ejemplo, la cantidad de mujeres muertas a causa de abortos, el número de abortos contabilizados por el Ministerio (teniendo en cuenta que los clandestinos quedan fuera de ese registro), los abortos realizados luego de que entrase en vigencia la ley 21.030, la cantidad de mujeres condenadas, entre otros datos. La diputada Ximena Ossandón (RN) formó parte de estos pedidos para terminar de entender la problemática chilena:

«Creo que es súper importante que tengamos estas cosas sobre la mesa. A mí, por lo menos, me hace falta esta información para poder complementar dado que hay mucho argumento donde se basa este proyecto de ley que hace alusión a esta realidad que estaría pasando en Chile».

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Las autoras del proyecto son las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo, Natalia Castillo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Emilia Nuyado, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans.

Orsini afirmó a través de su cuenta de Twitter que «esperamos despacharlo lo antes posible a la Sala de la Cámara». Desde su lugar, Gloria Maira, coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, expresó que:

«Descriminalizar la decisión de las mujeres es fundamental en el respeto de nuestra dignidad y derechos. No hay avances sustantivos en la igualdad si el ejercicio de la autonomía reproductiva es objeto de sanción penal».

Antecedentes nacionales

En 2017, Chile aprobó la ley 21.030 que permite la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales:

  • Peligro de vida de la madre;
  • Inviabilidad fetal;
  • Violación.

Esta normativa habilitó la salida de la criminalización total impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

Un año más tarde, la organización feminista Corporación Humanas presentó el proyecto de despenalización, el cual propone que no se penalice a las personas gestantes hasta la semana 14 en ocasión de aborto. Desde entonces, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y fue firmada por una decena de diputadas.

En conversación con LATFEM, Camila Maturana, de la Corporación Humanas, afirmó que en ese mismo año «la discusión social sobre el aborto se intensificó. Y tuvieron mucha importancia los cabildos de mujeres en el camino de una Constitución feminista que reconociera los derechos sexuales y reproductivos».

Antecedentes en Latinoamérica

Chile, Puerto Rico y Colombia buscan que el aborto sea legal y de libre acceso; se debate, demanda y manifiesta para que todas las personas gestantes puedan decidir. En Latinoamérica, son pocos los países que han logrado legalizar el aborto; entre ellos, Cuba, Guayana, Guyana Francesa, Puerto Rico, Uruguay y Argentina. 

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Según el mapeo que realiza el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), entre 1994 y 2020 más de 50 países han liberalizado sus leyes de aborto y 176 han eliminado las prohibiciones totales. Pero el 41% de las personas gestantes del mundo todavía viven bajo leyes restrictivas, ya que todavía existen 27 países que prohíben el aborto en todos los casos, como El Salvador, República Dominicana o Sierra Leona.

Por su parte, Colombia impuso el 16 de septiembre de 2020 una demanda en la que se le pidió a la Corte Constitucional la eliminación del aborto como un delito del Código Penal, por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud.

En Colombia, al igual que en Chile, por ahora, el aborto es legal solo por tres causales, con lo cual, tanto colombianes como chilenes siguen corriendo el riesgo de que se les penalice por abortar.

Al mismo tiempo, en Puerto Rico, el lunes 11 de enero la Campaña Nacional de Aborto Libre, Seguro y Accesible convocó a una manifestación para exigirle a la nueva Legislatura que proteja los derechos reproductivos y sexuales en el país al canto de «Aborto libre para no morir. La que decide es esta, esta que está aquí».

¿Ahora por qué vamos? ¡A por ello!

A partir de ahora, los días miércoles serán los asignados para continuar el debate en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Además, se acordó que se recibirán las propuestas de les expositores hasta este martes, las cuales luego serán presentadas para mostrar sus puntos de vista y, a partir de ellas, se elaborará un cronograma sobre la tramitación del proyecto.

Esta semana también se presentarán las organizaciones que participarán del debate. En ese sentido, la diputada Aracely Leuquén (RN) solicitó que exista la máxima representatividad posible en las organizaciones.

Al mismo tiempo, queda pendiente trabajar en la concientización del gobierno del presidente Sebastián Piñera y de la mitad de les médiques ginecobstetras del sistema público de salud que son objetores de conciencia.

Hay un camino largo por recorrer, un camino que termina con más derechos sexuales y reproductivos para todas las personas con capacidad de gestar.


Fuentes:


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