Por una ley contra la sextorsión

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A raíz del caso Belén San Román, una joven agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado (fallecida el pasado 9 de diciembre por dispararse en la cabeza luego de sufrir la extorsión de su expareja al publicar contenidos íntimos en las redes sociales), el reclamo del tratamiento del proyecto que dispone la sanción por difundir este tipo de contenidos volvió a cobrar vigencia.

La violencia de género que se vive a diario en nuestra sociedad también se hace presente en el mundo digital. Según un informe realizado en el año 2018 por Amnistía Internacional, la violencia que se ejerce en el ámbito virtual tiene como objetivo crear un entorno en línea hostil con el propósito de humillar, intimidar, degradar, menospreciar y silenciar.

Un informe reciente de la ONU afirma que el 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida y que 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad. En el caso de Argentina, Amnistía Internacional reveló que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia en las redes sociales.

Para tratar esta problemática, a mediados de 2020, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que modifica el Código Penal para incorporar como delito la difusión no consentida de imágenes íntimas.

La iniciativa propone que en el art. 155 se detalle que la persona que difunda contenidos que puedan perjudicar a terceros sin consentimiento «será reprimida con prisión de dos (2) meses a dos (2) años y multa de pesos diez mil ($10.000) a pesos cien mil ($100.000)» y que cuando se trate de contenidos «obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando consentimiento de la víctima» la pena de prisión será de tres (3) meses a tres (3) años y la multa se duplicará.

Además, el proyecto prevé como agravante la difusión con objeto de dañar la imagen de una persona (mal llamada «pornovenganza») o bien de obtener un beneficio con ello.

Actualidad del proyecto

Si bien la iniciativa avanza en el Congreso y ya tiene media sanción, aún falta que sea tratada en Diputados. Referentas feministas exigen que se acelere el proceso ya que creen imprescindible contar con un marco legislativo para frenar este tipo de violencia que, en la actualidad, se ha vuelto sistemática y hasta ha empeorado en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Analía Kelly, referenta de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), sostuvo que es necesario que haya una legislación vigente dado que, a partir de la pandemia, «hemos empezado a estar muchísimo más tiempo que otros años en las redes sociales y es bien importante comenzar a hablar de la violencia de género online».

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Violencia en línea

Al mismo tiempo y en paralelo a este proyecto, desde la organización consideran que la ley 26.485 de protección integral a las mujeres debería incluir la violencia online.

Según Florencia Zerda, abogada feminista:

«Las mujeres en situación de violencia en línea sufren todo tipo de consecuencias que afectan el plano psicológico, sus relaciones interpersonales, su economía y su trabajo, su integridad sexual, su identidad y reputación digital. En los casos más graves muchas mujeres han sido llevadas al suicidio como consecuencia de la violencia que han sufrido».

Por su parte, Amnistía Internacional y el Centro de Ciberseguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirman que la violencia online puede expresarse de distintas maneras: como grooming, cuando une adulte contacta a una persona menor de edad a través de medios digitales para cometer un delito contra su integridad sexual; ciberacoso, cuando a través de conductas verbales o no verbales indeseadas, de naturaleza sexual, se busca atentar contra la dignidad de una persona; sextorsión, cuando se amenaza con difundir fotografías íntimas de la víctima para extorsionarla; troleo, cuando se publican mensajes, imágenes o videos y se crean etiquetas; hostigamiento digital, cuando el acoso es reiterado, entre otras formas.

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¿Dónde denunciar y asesorarse?

Hasta que se apruebe este proyecto es importante reconocer cuándo se está en presencia de este tipo de violencia, registrarlo para guardar las evidencias (por ejemplo, con capturas de pantalla), reportarlo (cada red social tiene su forma de hacerlo), bloquear a los usuarios agresores y denunciarlos.

Quienes quieran asesorarse sobre la problemática, pueden recurrir al Centro de Ciberseguridad (BA-CSirt) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ya que cuenta con un Observatorio de Derechos en Internet. Y, siempre que se trate de violencia de género, se puede acudir a la línea 144 que, a partir del contexto sanitario actual, tiene habilitadas nuevas líneas de WhatsApp: (+54) 1127716463 / 1127759047 / 112775904, una casilla de mail: linea144@mingeneros.gob.ar y una app.


Fuentes:


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