Desiguales por menstruar

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La mitad de la población, que ya es discriminada con una brecha salarial, además debe dejar parte de su sueldo en las góndolas de productos de higiene menstrual. Una necesidad fisiológica que se presenta -generalmente- una semana al mes durante entre 30 y 40 años en el trascurso de su vida.

Cuando un presupuesto económico es escaso, afecta a quienes tienen más gastos. En este caso, a las personas con capacidad y en edad de menstruar, porque deben consumir productos sanitarios como toallitas y tampones para atravesar sus períodos de manera digna, sin tener en cuenta los analgésicos para los dolores, la ropa interior de reemplazo y los días de licencia por enfermedad en el trabajo y en la escuela.

Según la organización Economía Femini(s)ta: «La mitad de las mujeres en nuestro país gana menos de $17.900 mensualmente y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2020 mediante la compra de toallitas y tampones era de entre 2.900 y 3.800 pesos argentinos. Este gasto no es optativo ya que es nuestro deber social gestionar la menstruación y el mismo impacta sobre ingresos que son de por sí menores». De esta forma, el estigma de la pobreza se agrava cuando estamos menstruando.

Cuando un único paquete debe durar hasta el próximo mes, las personas que hacen malabares para comprarlos pueden llegar a usar una sola toallita por día, lo cual significa una incomodidad muy grande, porque se genera más olor, porque ya no tiene capacidad para absorber más sangre y porque funcionan igual que el pañal de un bebé: cuando se llena de líquido se hincha, se pone pesada y molesta. Lo mismo sucede con los tampones, lo cuales se recomienda cambiar cada cuatro horas porque puede producir manchas, incomodidad e infecciones.

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La falta de estos elementos suele venir acompañada de otras carencias como el acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, un lugar para eliminar los desechos y sobre todo conocimiento de la temática: qué hacer en ese momento, a dónde ir a pedir asesoramiento, qué se puede utilizar y cómo y entender que no es algo que está mal sino algo natural que, si sucediera en condiciones mejores, no sería discriminador.

Teniendo en cuenta los precios de estos productos (que pueden variar entre $36 y $456 los paquetes de ocho toallitas; entre $48 y $207 las 20 unidades de protectores diarios; desde $67 hasta $178 la caja más chica de tampones y a partir de los $449 la copa menstrual), es fácil saber cuál elegiría una persona que tiene que decidir entre comprar un kilo de pan para su familia o uno de estos insumos. Al no contar con algo para parar o contener el sangrado, estas personas no pueden salir de su casa, casi no pueden salir del baño y ahí es cuando las más pequeñas no pueden ir al colegio y las más grandes al trabajo. Y esto se repite mes a mes.

Seguir el envión del resto del mundo

Frente a esta problemática, en noviembre de 2020 Escocia se convirtió en el primer país del mundo en permitir el acceso gratuito y universal a productos menstruales, incluidos tampones y toallitas, en instalaciones públicas como escuelas y universidades. Este avance tuvo lugar gracias al proyecto de ley y a la campaña para poner fin a la «pobreza del período» impulsados por la legisladora laborista Mónica Lennon en 2016.

A su vez, a principios de este año el Reino Unido eliminó la tasa del 5% del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los productos menstruales, conocido como «impuesto al tampón». El IVA en estos insumos es considerado un impuesto sexista porque se aplica sobre elementos sanitarios esenciales que necesitan solo las personas con útero, por lo tanto, es un gasto extra pero fundamental para desarrollar su cotidianeidad y para tener una vida digna.

Por su parte, Alemania redujo el gravamen de estos productos del 19 % al 7 %, por lo cual se consideran de primera necesidad y en Francia también se consiguió un porcentaje mínimo de alrededor del 5%.

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Desde el otro extremo, Nueva Zelanda anunció en febrero de este año que proporcionará productos de higiene femenina gratis en todos los colegios del país para atajar la «pobreza menstrual». La primera ministra de este país resaltó que es inadmisible que las jóvenes pierdan parte de su educación por algo normal para más de la mitad de la población.

A nivel mundial, Kenia fue el primer país en eliminar la «tasa tampón» en 2004, una iniciativa que fue replicada en Canadá, India, Malasia, Uganda, Tanzania, Nicaragua y Trinidad y Tobago, entre otros.

Los países que lograron eliminar este impuesto consideran que viola los derechos a la igualdad y a la salud de las mujeres y personas de otras identidades menstruantes por la existencia de discriminación económica, discriminación desde la perspectiva de la salud y discriminación en el derecho a la vida digna.

Más hacia el sur, en México, la Organización Civil Menstruación Digna lucha por la gratuidad de los productos de gestión menstrual, la eliminación del IVA de dichos productos y la investigación sobre la menstruación en el país. Mientras tanto, el 2 de marzo pasado en Michoacán, Estado de México, se aprobó la ley de menstruación digna, con la cual se busca dar acceso y educar sobre productos menstruales a estudiantes de escuelas públicas y facilitar el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual.

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Al mismo tiempo, en Colombia, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del IVA sobre estos productos porque vulnera los principios constitucionales de igualdad y equidad tributaria y porque rompe con el compromiso que tiene el país con Tratados Internacionales como la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.

¿Y por casa cómo andamos?

El 8 de marzo de 2017, Economía Femini(s)ta puso en marcha la Campaña #Menstruacción que reclama «la quita del IVA de los productos de gestión menstrual, ya que son productos de primera necesidad y el impuesto sobre ellos crea una desventaja real para las personas que menstrúan» y «la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios comunitarios», ya que, según sostienen, 7 de cada 10 argentinas son mujeres y diversidades pobres que no pueden acceder a los elementos necesarios para gestionar su menstruación.

Gracias al incentivo de esta campaña, el 6 de marzo de 2020 en el Municipio de Morón se aprobó una ordenanza municipal para asegurar la provisión gratuita de los productos, el primer antecedente de la región. Unos meses después, el 28 de mayo, Día Mundial de la Higiene Menstrual, en la Ciudad de Santa Fe también se aprobó una ordenanza con el mismo objetivo y así se convirtió en la primera capital provincial del país en contemplar este derecho. El efecto rebote se activó y lo mismo sucedió en los municipios de Viedma y Zárate y, para el mes de julio, la Municipalidad de San Rafael (Mendoza) se convertía en el tercer distrito en aprobar un plan de gestión menstrual.

A su vez, en Buenos Aires el 28 de mayo de 2020 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para garantizar el derecho a la gestión menstrual en condiciones dignas de higiene y salud, reducir la brecha de capacidad adquisitiva en elementos de salud e higiene y promover opciones de menor impacto ambiental y económico. Además de este proyecto se han presentado 16 más con los mismos objetivos: lograr una ley nacional para que todas las personas menstruantes puedan transitar esta etapa de la vida en condiciones dignas y de igualdad.

Ante la falta de evolución de estos proyectos, Micaela Ferraro expresó en un conversatorio sobre ambiente y género organizado por Eco House que «el mayor obstáculo es la mirada de quien está al frente para tomar las decisiones. Por eso tenemos que ser más mujeres que tomen decisiones, ocupen cargos y lugares de poder».

Derechos Humanos de las mujeres

La CEDAW describe a la discriminación de la mujer como cualquier «distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera». En este caso, la discriminación sucede porque las mujeres quedan restringidas de tener una vida digna y un desarrollo pleno a causa de su naturaleza menstruante.

Además, reconoce que para alcanzar la igualdad se puede permitir el tratamiento diferente entre hombres y mujeres siempre que se busque superar la discriminación. En este sentido, el Estado debe desarrollar políticas públicas para que las personas que menstrúan no sufran esta falta de reconocimiento y consideración a costas de recaudar más ganancias.


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