Menstruar es humano y es nuestro derecho

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Artículo colaboración escrito por Valentina De Rito


Más de la mitad de la población mundial menstrúa. Esto es un hecho. Una semana al mes, todos los meses, millones de personas menstruantes atraviesan el llamado «período», con sus dolores, sus sensibilidades y sus matices. Probablemente, muches tenemos la suerte de proclamarnos privilegiades, porque jamás nos hemos visto en falta de toallitas o tampones ni de medicación para hacer más tolerables las molestias abdominales, las cefaleas o cualquier otra dolencia que pueda aquejarnos durante los días en que nos encontramos menstruando. 

Sin embargo, esto no es así para todes. Algo que a simple vista parecería tan básico como la posibilidad de contar con productos de higiene menstrual no es una realidad para la totalidad de las personas que menstrúan. En nuestro país, aquelles que cuentan con ingresos insuficientes muchas veces tienen que elegir entre comprar un paquete de toallitas y alimentarse a elles y a sus familias. El resultado es que muchas personas han tenido que resignarse a utilizar trapos u otros productos insalubres para evitar mancharse.

Pero eso no es todo. Para les niñes jóvenes, esta inequidad en el acceso a productos de gestión menstrual se traduce en ausencias al colegio y en adultes lo mismo ocurre con sus trabajos. Si, como se estableció anteriormente, es un hecho que más de la mitad de la población menstrúa, ¿cómo es posible que aún existan estas enormes brechas entre quienes pueden transitar menstruaciones en condiciones de higiene y quienes no? ¿Cómo es posible que se convierta en un privilegio?  Y, en el caso de la Argentina, ¿qué hace el Estado para acortar estas distancias? ¿Qué políticas públicas se han esbozado para enfrentar esta desigualdad de género? 

El precio de nuestra sangre

En mayo de 2021, el gobierno de la Nación dio a conocer un documento llamado «Justicia Menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible». El informe, presentado por la directora de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, y la Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cecilia Gómez Miranda, supone un análisis de la situación en nuestro país y los avances en políticas públicas realizados para abordar la gestión menstrual. 

Cabe mencionar una problemática de base que vulnera derechos de buena parte de la población menstruante: las estadísticas se forman a partir de los datos recolectados en encuestas oficiales de carácter binario, invisibilizando a todas aquellas personas menstruantes que no sean mujeres. De allí que el vocabulario usado para informar ciertos datos duros no refleje la realidad de estas identidades.

Un primer apartado del reporte lleva como título «El costo de menstruar» y supone un exhaustivo relevamiento de datos que hacen a la situación económica de quienes menstrúan. En primer lugar, se resalta el hecho de que las mujeres parten de una desigualdad que es estructural en la medida en que sus ingresos son menores que los de los varones y poseen una mayor tasa de desempleo. Esta situación se agravó el pasado año como consecuencia de la pandemia por COVID-19, ya que que muchas mujeres perdieron sus trabajos u observaron importantes recortes en sus salarios. Es decir, como señala el reporte, una pobreza que se encontraba feminizada se ha visto duramente agravada, en un contexto en el que la suba de precios es prácticamente constante. Y en esa escalada, los productos de higiene menstrual no se quedan atrás. 

La pregunta: ¿qué ocurre cuando se intersectan una desigualdad con una inequidad estructural? La respuesta: una marginalización que es doble, que lleva dos caras y actúa reafirmando (y recondenando) a la mitad de la población a habitar en los márgenes de la sociedad. Porque en el momento en el que se produce dicho encuentro, lo que ocurre no es solo que quienes menstrúan no poseen ingresos que les permitan satisfacer necesidades básicas como lo son la comida, la vivienda, la vestimenta, entre otras. A esto se le suma que, durante los días en que menstrúen, se les adicionará un gasto que les implicará tener que recortar aun más sus acotados presupuestos. De más está decir que, entre comer o mancharse, muches eligen comer.

Además, en nuestro país, los productos de higiene menstrual traen añadido el impuesto al valor agregado (IVA). El documento de Justicia Menstrual señala que, evidentemente, este gravamen posee una naturaleza discriminatoria por una muy sencilla razón: quienes menstruamos no tenemos otra opción más que pagarlo.  

En resumen, y solo para introducir algunos números que permitan ilustrar la situación, es posible decir que: 

  • Por año, cada persona que menstrúa gasta aproximadamente entre 3000 y 4000 pesos argentinos en productos de higiene menstrual (toallitas/tampones), sin contar analgésicos o ibuprofenos que les ayuden con posibles dolencias típicas de la menstruación. Este monto supone el 43,98% de la Canasta Básica Alimentaria y el 86,85% de la Asignación Universal por Hijo. 
  • En el caso de los productos de higiene menstrual contemplados dentro del programa Precios Cuidados, estos contemplan una baja en el precio: cuestan entre 1900 y 3000 pesos. Este monto supone el 26,34% de la Canasta Básica Alimentaria y el 52% de la Asignación Universal por Hijo.

Se observa entonces que la brecha de género no es simbólica, muchísimo menos exagerada: existe un costo que se impone sobre nuestras menstruaciones. Y lo que es aún peor: es ineludible. Quienes menstruamos no tenemos alternativa más que encontrar los medios para hacernos de dichos productos en pos de transitar los períodos de forma sana e higiénica. La pregunta sería, entonces, ¿qué se hace o se ha hecho hasta ahora para intentar disminuir esta enorme desigualdad sexogenérica? 

Foro nacional de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual.

Políticas públicas: ¿proyectos y soluciones? 

En diciembre del pasado año, se realizó el primer foro nacional de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual, bajo la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de alcanzar mayores niveles de equidad en lo que hace a la higiene y la gestión menstruales. En este sentido, se plantearon una serie de políticas, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, destinadas a marcar agenda en la temática e intentar avanzar en pos de dicho objetivo. Entre ellas, es posible destacar: 

  • La creación de un taller de gestión menstrual a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires destinado a 28 000 promotoras territoriales. 
  • La entrega de copas menstruales para las trabajadoras de las Fuerzas Federales, en conjunción con una capacitación sobre su debido uso. 
  • La inclusión de la menstruación como temática dentro de los programas de Educación Sexual Integral. 

A su vez, este año, el gobierno Nacional anunció que invertiría más de 19 millones de pesos en la compra de copas menstruales para mujeres presas, promotoras comunitarias de género y mujeres cumpliendo arrestos domiciliarios. El pasado junio, se entregaron 30 copas menstruales en la cárcel de Los Hornos, La Plata. 

Existen, por otro lado, políticas bosquejadas a nivel legislativo en materia de gestión menstrual. Hoy por hoy, 14 proyectos de ley están destinados a ella, cuatro en el Senado y diez en Diputados. Estos giran en torno a diversas aristas que hacen a la gestión menstrual en sí: desde la eliminación total o parcial del impuesto al valor agregado hasta campañas de concientización y promoción sobre los derechos de las personas menstruantes, pasando también por la generación de una gestión que tenga en cuenta el impacto ambiental de muchos de los productos de higiene menstrual, en pos de generar alternativas amables no solo para las personas sino también para con el medio ambiente. 

Sin embargo, el informe Justicia Menstrual señala un dato que resulta, como mínimo, preocupante: de los 14 proyectos, 13 perderán su estado parlamentario si no son aprobados por al menos una de las cámaras antes del 30 de noviembre de 2021. Y de todos ellos solo ha sido presentado uno. 

Se observa entonces, una problemática primordial: los proyectos están, pero es necesaria más atención. Es preciso ir más allá de la redacción de textos legislativos; estos deben ser aplicados para que se produzca un cambio. La menstruación, y las personas menstruantes por adyacencia, han sido relegadas una y otra vez en el curso de la historia. Se las ha condenado al silencio y a la vergüenza, se ha nombrado al período con un nombre de varón (Andrés) y, hasta el día de hoy, resulta un tema sensible del que no se puede conversar abiertamente. 

Es necesario que esto cambie. Nuestra salud sexual y reproductiva no puede ni debe hacerse a un lado.  Los costes económicos y ambientales que acarrean las condiciones actuales resultan dañinas a nivel planetario. Nuestra menstruación es nuestro derecho: tenemos que tener la posibilidad de transitarlas de formas igualitarias, libres de sexismos y de tabúes, teniendo acceso a productos que sean beneficiosos para nuestros cuerpos y nuestro planeta. La discusión no puede esperar más. Y nosotres, tampoco. 


Fuentes: 

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